El Gobierno bonaerense adelantó pagos para resolver el conflicto de las farmacias de la provincia de Buenos Aires, que habían comenzado a limitar la venta de medicamentos con descuentos a los afiliados de obras sociales y prepagas por retrasos en los pagos.
“Se realizará el esfuerzo adelantar pagos y regularizar la atención en farmacias bonaerenses inclusive para afiliados de otras obras sociales y prepagas, haciéndose cargo del problema generado por los laboratorios y droguerías”, posteó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
En ese sentido, sostuvo que “este adelanto, que destraba la situación, representa 800 millones de pesos para que las y los vecinos puedan seguir accediendo a los medicamentos sin interrumpir tratamientos, al costo que les corresponde según su cobertura y sin realizar gasto de bolsillo extra”.
El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) habían argumentado que la inflación y la volatilidad de precios complicaban sus ventas con descuento porque recibían los pagos entre 60 y 90 días más tarde, y, en consecuencia, las farmacias que se habían adherido a la medida solo vendían medicamentos en forma particular.
“Esta problemática se generó debido a que las droguerías cambiaron sorpresivamente las exigencias contractuales de pago a las farmacias, acortando los tiempos de abono de la facturación y que los laboratorios aumentaron los precios por encima de la inflación”, explicó Kreplak. En este punto, planteó que no se puede seguir permitiendo que “laboratorios y droguerías, que son quienes más recursos tienen, sigan perjudicando a farmacias y afiliados”.
En esa línea, Homero Giles, titular de la obra social de los empleados estatales bonaerense, IOMA, afirmó en redes sociales: “Solucionamos el conflicto con las farmacias”.
“El problema lo generó el mercado, los vanidosos y egoístas que siempre quieren ganar más, aunque pongan en riesgo a las farmacias”, aseveró, al tiempo que planteó que no se puede permitir que “las propuestas de libre mercado gobiernen el país” porque “la salud es un derecho”.
Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA, que se estima representan el 70% de las ventas en farmacias de la provincia, son los más afectados por estas restricciones. Las farmacias empezaron a restringir la venta de medicamentos con descuento de obras sociales o a negarse a vender a quienes no son clientes habituales. Esta situación se suma a la práctica creciente entre los médicos de cobrar un copago adicional para compensar los honorarios que consideran insuficientes. (DIB)