La ruta 8 fue pavimentada en 1940 en atención al movimiento de vehículos que se desplazaban en dirección al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y aun más allá. Antes del trazado moderno de la ruta 7, la 8 era la vía natural más directa para acceder a San Luis y Mendoza desde la Capital. Pero hace 40 años, por lo menos, que una de las mayores polémicas sobre el gravísimo déficit caminero de la Argentina refiere a las razones por las cuales se ha mantenido en condiciones tan precarias como peligrosas, con una sola mano, un recorrido de tan vital importancia.
Atraviesa cuatro provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y se ha ganado, con creces, la merecida mala fama de ser una de las más riesgosas por la cantidad de accidentes y muertes que se producen en su traza.
Recientemente, hubo una señal más sobre esa condición a raíz del gravísimo accidente registrado en las proximidades de Pergamino.
Hay motivos, sin embargo, para confiar que en no más de dos o tres años se cerrará parcialmente un ciclo penoso en relación con esta arteria vital de nuestro sistema caminero. La intensidad de las obras que se realizan desde el año último, a cargo de distintos contratistas, a fin de convertirla en autopista en el trazado que une Pilar con Pergamino, está a la vista de quienes se desplazan por ella.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, supervisó días atrás la marcha de las realizaciones y anunció que el tramo Pilar-Solís, localidad situada a 100 kilómetros de Buenos Aires, quedará concluido antes de fines de año. Los intendentes de los partidos por los que pasa la ruta 8 habían concertado en los años postreros del siglo XX presionar sobre el gobierno para que la autopista soñada fuera una realidad como continuación del Acceso Norte.
El presidente Kirchner anunció en 2005, con el aspaviento que se le conocía, que asumía como propios tales requerimientos, pues había que terminar con las características de una ruta que ocasionaba tantas muertes. Con escándalos como éste nunca investigados, incluida la apertura presurosa en el kilómetro 66 de la estación de peaje que cobró de manera anticipada a los conductores de automotores una elevadísima tasa durante mucho tiempo por obras que no habían comenzado, los tres períodos presidenciales del kirchnerismo se dilapidaron sin haberse hecho más que un par de kilómetros de ensanchamiento.
Prácticamente nada, porque el segmento entre el encuentro de la 8 y la 39, de acceso a Capilla del Señor, y Parada Robles, se convirtió, a raíz de la lentitud de los trabajos y paralización de obras por dos años, en un trayecto invadido por la desidia y los obstáculos imprevistos, convertido en un espacio más peligroso que nunca.
De los 180 km comprometidos, sólo 12 se habían hecho cuando las obras se paralizaron. A la rescisión de un contrato por cientos de millones de pesos con el consorcio Corredor Americano, liderado por el grupo Eurnekian, el Gobierno llegó llamativamente con un extraño «mutuo acuerdo», sin contemplar indemnización alguna para el Estado por obras incumplidas, como hubiera correspondido, premiando paradójicamente al mencionado grupo incumplidor con una millonaria indemnización.
Se evitó que los funcionarios ejecutaran la garantía contractual que debía tener el consorcio e increíblemente éste cobró en forma indebida un resarcimiento de casi 150 millones además de lo que ya había cobrado con los ingresos por peajes. Un gigantesco negociado.
La ruta 8 es una vía clave en la articulación de la parte central del país por los más diversos motivos. Entre otros, por conectarlo con el Mercosur y abrir la salida de los productos de la zona núcleo agrícola y de economías regionales a mercados internos y del exterior. Su importancia se ha realzado todavía más con el anuncio del titular de Transporte de que su nueva traza procura completar, con las rutas 3, 5, 7, 9 y 205, un sistema radial de autopistas con cruces a distinto nivel, distribuidoras y cambios en la fisonomía de ciudades para evitar así la circulación de camiones en centros urbanos.