Desde el bloque de Unidad Ciudadana se impulsó un proyecto de ley que fue presentado este miércoles en la Legislatura bonaerense. La diputada Fernanda Díaz, con el acompañamiento de las legisladoras de su bloque, buscan declarar la emergencia en materia social por Violencia de Género en la provincia de Buenos Aires.
El objetivo principal es reclamar que el Estado comprometa todos los recursos que estén a su disposición, para la implementación de políticas públicas que puedan prevenir y erradicar esta problemática que afecta a las mujeres.
Es que, ante la violencia de género, aseguran que la Provincia se queda en “buenas intenciones”. Desde Casa María Pueblo, la ONG provincial con más de 22 años de vida dando asistencia y contención a víctimas de violencia de género, aseguran que el gobierno de Vidal tiene programas provinciales pero se quedan en lo discursivo.
El proyecto de presupuesto 2019 que ingresó la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura consigna un número final de gastos y recursos que ronda los 900.000 millones de pesos e incluye unos 125.000 millones en permisos de deuda. En tanto que los planes de género, estarían más en el orden de los discursivo/simbólico que de las acciones concretas.
El Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, trabaja en el desarrollo e implementación de Programas orientados a dar respuesta a la problemática de la violencia de género que padecen cientos de mujeres en el territorio bonaerense. Desde el área se articula con otros organismos de gobierno, provinciales y nacionales.
En el Presupuesto del año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia consignó un gasto de 281.769.000 pesos, según el proyecto para el 2019 la secretaría se reparte un gasto de 2.596.329.700 con la Secretaría General, la Legal y Técnica, y Medios. Además, señala que sólo cuenta con 306 cargos, de los cuales 254 son personal permanente y 52 personal temporario.
Los siguientes son los programas del gobierno provincial para hacer frente a la problemática de la violencia de género: Línea 144, Cerca de Noche (en art. Desarrollo Social, Salud y Niñez), Fondo de Emergencia, Subsidio para HPI, Área de Seguimiento de Casos Críticos, Casa Sandra, Tobilleras (en conjunto con los Ministerios de Justicia y Seguridad), RUC – Registro Único de Casos, Capacitaciones a docentes, vía plataforma ABC, Capacitaciones a fuerzas de seguridad, Capacitaciones a agentes de la administración pública, Capacitaciones IPAP, Capacitaciones sobre dispositivos para varones, Campañas de prevención, Trabajo estadístico (junto a Economía). También existen programas en las carteras de Educación, Justicia, Desarrollo Social, Salud, Economía.
Pero la gobernación plagada de programas y planes, deja sin resolver la profundidad de la problemática que afectan a las mujeres en situación de violencia. Por ejemplo, no se contemplan subsidios a las víctimas, licencias laborales, acceso a crédito a tasa cero para acceder a una vivienda. El proyecto fue confuso y poco claro porque los destinos y partidas no se conoce concretamente en el presupuesto, sino también desde el hecho de que no se propone un abordaje integral hacia las mujeres en situación de violencia que, según números del INDEC pasaron de 22 mil denuncias a 260 mil en cuatro años.
Es por este contexto que las diputadas del bloque opositor proponen que el Estado brinde la contención de las personas en situación de violencia de género a través de una ayuda económica, sobre todo aquellas que son sostén del hogar. Asimismo, llevar adelante programas para generar fuentes de trabajo, y la ejecución de casas que sirvan de refugio para que las afectadas tengan un lugar si deben irse de sus viviendas.
En el año 2017, fueron 98 mujeres las que murieron en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de un sistema patriarcal que no las protege ni vela por su seguridad. La violencia de género ha dejado de ser considerada una problemática de la vida privada, para ser asumida por la sociedad como una cuestión que debe ser abordado desde la agenda pública.
La gravedad exige al Estado hacerse cargo de la alarmante situación. “Es necesario paliar y combatir el flagelo que sufren las mujeres en la cotidianeidad, para que la violencia deje de ser silenciosa, y las autoridades competentes puedan cumplir un rol activo en los aspectos de prevención contra todas las modalidades y tipos de violencia”, versa el proyecto.(INFOCIELO)