En la Justicia de la provincia de Buenos Aires los magistrados no se ponen de acuerdo sobre si deben avalar o rechazar la política tarifaria de los servicios públicos para los sectores no alcanzados por la tarifa social y casos de excepción.
Basado en la «categoría testigo de ‘pequeñas demandas de uso residencial’ (por ser la que comprende a la mayor cantidad de usuarios), en la que se dispuso un aumento tarifario del 125% para el área de la Distribuidora Edelap SA; de 55% para el área de EDEA SA; de 75% para EDEN SA; y de 85% para EDES SA. Y similares valores de incremento se observan en la categoría de pequeñas demandas de uso general», el juez Luis Federico Arias, del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, dio lugar a la cautelar presentada por el defensor del pueblo de la Provincia con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
El magistrado consideró que «dichas proporciones contrastan ostensiblemente con los niveles inflacionarios reportados por el Indec y los incrementos salariales o de haberes jubilatorios de la población en general, que se hallan alrededor del 18% al 20% y que son de público y notorio conocimiento».
Asimismo, el escrito destaca que «el incremento tarifario no exhibía una proporción adecuada al aumento del poder adquisitivo de la población, vinculando la razonabilidad de la tarifa a la capacidad de pago de los usuarios, y no a la sola rentabilidad empresaria».
Un mes atrás la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa de La Plata había suspendido el fallo judicial de primera instancia que había frenado la aplicación del aumento en la luz para los usuarios del Gran La Plata y el interior de la provincia, que promediaba el 58 por ciento.
El juez Arias ordenó librar oficio a la demandada para que en el plazo de cinco días de notificada de su resolución el Ministerio de Infraestructura de la provincia «elabore un informe sintetizado respecto del cronograma de aumento de las tarifas, sus porcentajes según distintas categorías de usuarios y áreas de concesión».
Se habían sumado a la demanda del defensor del pueblo la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Modecuma, Accuc, Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el defensor del pueblo de la Municipalidad de General Pueyrredón. (La Tecla)