Los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales. El planteo fue hecho en un habeas corpus que ayer ingresó a la Cámara de Casación Penal Bonaerense.
En este marco, a partir de la superpoblación existente en las tres Unidades Penitenciarias de Junín (números 13, 16 y 49) y las condiciones de hacinamiento en la que están cumpliendo sus condenas o esperando el resultado del proceso judicial al que son sometidos por distintos delitos, en los últimos días dejaron sus pabellones carcelarios para retornar a sus hogares alrededor de 80 internos.
Se trata de distintos casos: algunos excedieron el tiempo de espera para conocer una sentencia; otros están cerca de finalizar el período de prisión impuesto y algunas otras circunstancias especiales.
Cada uno de los pedidos fue analizado por distintos jueces de Ejecución y Garantías, quienes decidieron –a partir de la emergencia sanitaria- darles el visto bueno para que vuelvan a sus hogares. De este modo, además, las Unidades Penitenciarias recuperan espacio.
EL RECURSO PRESENTADO
Además, sobre el pedido conocido ayer, los defensores – a cabeza de los abogados del Estado en cada uno de los 19 departamentos de la provincia- señalaron que la sobrepoblación y el mal estado de las cárceles hace que para los grupos de riesgo esas condiciones agraven severamente su cuadro en caso de contraer la enfermedad.
En la provincia hay 46.270 presos, entre sus 57 cárceles y las alcaldías, muy por encima de la capacidad establecida, más del doble en algunas unidades.
El Servicio Penitenciario Bonaerense, por su parte, elaboró un informe en que reveló que hay más de tres mil internos que son considerados población de riesgo. Los jueces de la provincia ya otorgaron cerca de 800 medidas de excepción como la prisión domiciliaria, de las cuales alrededor de 80 benefician a internos alojados en Junín.
En el sistema bonaerense, la población de alto riesgo incluye 644 detenidos de más de 65 años y casi 2500 enfermos con diversas patologías: 233 pacientes con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa que se hace sentir hace años en penales provinciales junto con la aparición del hantavirus en las heces de roedores en cárceles como Magdalena, 476 detenidos y detenidas con HIV, 950 con neumonía, EPOC, diagnósticos de cáncer. También hay 58 madres con chicos, 20 embarazadas. En las comisarías, los detenidos son 3.994.
Los defensores pidieron que salgan de prisión para evitar que su situación se agrave ante un caso positivo: hasta ahora, el virus no llegó a las cárceles argentinas, tanto por la libertad o por la prisión domiciliaria. Pero además hicieron otros pedidos para liberar a más detenidos y registrar la entrada de otros.
Sobre esto último pidieron en su presentación “la prohibición de nuevos ingresos al sistema de toda persona que esté comprendida en los supuestos de riesgo”.
Sobre las libertades, sugirieron que se hagan extensivas a las personas presas por “delitos leves, sin que haya mediado violencia sobre las personas, o cuando la prisión cautelar ha alcanzado las dos terceras partes del mínimo de la pena del delito que se imputa” y para quienes tengan penas menores a cinco años y ya hayan cumplido la mitad.
“Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID- 19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señala el habeas corpus de 19 páginas presentado de manera colectiva en favor de los detenidos bonaerenses.
PEDIDO DE CASACIÓN
Bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hay una población de 1.279 internos que son considerados riesgo ante el coronavirus, por su grupo etáreo y las enfermedades preexistentes. Este jueves la Cámara Federal de Casación Penal solicitó que los respectivos tribunales y jueces de Ejecución que deciden sobre el destino de los presos «tomen razón y adopten los recaudos pertinentes» para protegerlos.
En este marco, sugirieron, entonces, analizar la posibilidad de otorgar «la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo».(Semanario Junin)