Ante el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti continuó el jueves pasado 
con la tercera parte de su alegato en el juicio que tiene como único imputado al ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo, en el marco del segundo tramo de la causa por los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas entre 1979 y 1980 militantes que formaron parte de la llamada “contraofensiva” de Montoneros.
Por problemas técnicos –dificultades en la conexión de la jueza María Claudia Morgese Martín- la jornada, que se realizó de forma virtual, comenzó más tarde de lo estipulado, pasadas las 10.00, con la continuación de la descripción de los hechos por parte de la representante de los fiscales
Durante su exposición, la funcionaria relató los secuestros de los militantes montoneros que hicieron base en Perú, la persecución al grupo de prensa de la organización y las desapariciones de los sacerdotes tercermundistas que tenían como función llevarle información al Papa Juan Pablo II sobre las violaciones a los derechos humanos que estaba cometiendo el gobierno militar en Argentina.
Sosti destacó la importancia del relato de los hijos y las hijas de los detenidos desaparecidos durante los distintos juicios, ya que “son la memoria en construcción y nos devuelven la pregunta que nos interpela y nos enfrenta de lleno con esa dimensión ominosa del horror de la desaparición, pero fundamentalmente del silencio”. En ese sentido, reiteró una frase del comienzo de su exposición: “Sin historia no hay memoria y sin memoria no hay futuro”.
Operativo en Perú
En su alocución, la auxiliar fiscal describió que en la “contraofensiva” los militantes de Montoneros necesitaron fijar lugares y fronteras que consideraban seguras para poder organizar la entrada al país. En ese sentido, además de Brasil, Perú fue uno de los lugares elegidos para dar apoyo político tanto a los militantes que estaban en Argentina como en el exterior.
Sosti indicó que fue en ese país en donde ocurrieron los secuestros y las torturas de Maria Inés Raverta, Lucio Frías, Noemi Molfino y Julio Cesar Ramírez, casos por lo que está acusado el imputado Ocampo. Fue en el marco de los acuerdos con las inteligencias extranjeras que los agentes del Batallón 601 junto a la inteligencia asentada en Campo de Mayo pudieron desplegar este nuevo accionar. Al respecto, señaló que “costaba y cuesta imaginar cómo los militares lograron perforar la soberanía de otros países para perpetrar estos crímenes”.
La representante de los fiscales desarrolló cómo los militares planificaron una operación internacional para capturar a los militantes que operaban en Perú, utilizando como señuelo a Federico Frías, uno de los militantes que tenían secuestrado y que debía reportarse en Perú para un encuentro con Raverta. Después de un intento fallido, en el que Frías intentó escapar, el 12 de junio los agentes militares lograron que se concretase la cita y, con la colaboración de los militares peruanos, secuestraron a Raverta.
Sosti relató que a las víctimas las llevaron a un predio del ejército peruano en Playa Hondable, dedicado al esparcimiento de los militares de ese país, y a los que los torturadores argentinos le cambiaron la función para transformarlo en un espacio de tortura. Allí también llevaron más tarde a Noemi Molfino y Julio Cesar Ramírez, luego de haberlos secuestrado de la casa de Miraflores en la que permanecían.
Finalmente, fueron trasladados a Campo de Mayo con la cooperación de las dictaduras de la región “que le permitió al Ejército transgredir las fronteras en el espacio aéreo de otros países con aviones nacionales portando cargamento ilegal: hombres y mujeres secuestrados y torturados para ser asesinados cuando lo estimaran necesario”.
Sacerdotes tercermundistas
Durante otra parte de su alegato, Sosti describió el secuestro de los curas tercermundistas a mediados de 1980. Los sacerdotes tenían como función principal alcanzarle al papa Juan Pablo II datos sobre el estado de las violaciones a los derechos humanos en el país.
La representante del MPF puso de relieve los casos de Arturo Fidel Dean, Jorge Oscar Adur y Lorenzo Viñas, quienes fueron desaparecidos al cruzar el puente internacional de Paso de los Libres. Ponderó que esa ciudad de la provincia de Corrientes “fue un Triángulo de las Bermudas para los hombres y las mujeres marcados por el régimen, ya que [las fuerzas armadas] tenían una oficina de inteligencia específica para esos secuestros y allí la responsabilidad de la Gendarmería fue determinante”.
La fiscal destacó que Adur y Viñas fueron desaparecidos el mismo día en ese paso fronterizo y que fueron llevados al centro clandestino “La Polaca”, que estaba ubicado a pocos kilómetros de Paso de Los Libres y que dependía del Batallón de Inteligencia 601. Luego fueron trasladados a Campo de Mayo.
Grupo Prensa
Por último, la auxiliar fiscal Sosti se centró en los casos de los integrantes del área de prensa de la organización Montoneros. “La idea de la organización era que una vez que ingresaran en el país ya se pudieran instalar definitivamente”, sostuvo, y agregó que “vinieron a imprimir para difundir el libro ‘Montoneros, el camino para la liberación’ a hacer tareas de propaganda y concientización”.
Uno de los casos que expuso fue el de Gervasio Guadix, cuya muerte -explicó- fue fraguada por los militares, quienes argumentaron que en la frontera de Paso de Libres, donde había sido emboscado, el militante decidió tomar la pastilla de cianuro para no caer secuestrado con vida. Al otro día, también fue detenida su pareja, Aixa Bona, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo y que el año pasado identificó a uno de sus secuestradores durante el juicio del primer tramo de la denominada causa Contrafensiva. Ese debate, que tramita en paralelo con el que se le sigue a Ocampo, llegará a veredicto el próximo jueves 10.