En un giro significativo en el panorama político argentino, Javier Milei ha accedido a las peticiones de la oposición, eliminando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la lista de empresas públicas que originalmente buscaba privatizar. La decisión se tomó como parte de las condiciones para la aprobación de las reformas propuestas por Milei.
La inclusión de YPF en la lista de privatización había generado un fuerte debate, ya que la empresa petrolera, nacionalizada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner tras una problemática gestión privada con Repsol, se considera una entidad estratégica para el repunte económico del país. Durante las discusiones en comisiones sobre el proyecto de ley Bases, varios expertos destacaron la importancia de mantener a YPF bajo control estatal.
La negociación entre legisladores de la oposición y representantes del Gobierno culminó en la exclusión de YPF de la lista de 41 empresas que originalmente estaban destinadas a ser privatizadas. Esta decisión se suma a otros cambios acordados, como la reducción del período de «superpoderes» de 2 a 1 año, con la posibilidad de una extensión, y ajustes en diversas áreas, como la industria pesquera, hidrocarburos, derechos de exportación y la posible venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El proyecto de ley, ahora sujeto a modificaciones por los equipos técnicos del gobierno de Milei, también aborda aspectos cruciales relacionados con los biocombustibles, presentando cambios que impactarán significativamente en las industrias del sector, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Este viraje en la postura de Milei refleja la importancia del diálogo y la negociación política en la toma de decisiones legislativas, marcando un precedente en el proceso de reformas propuesto por el Gobierno.