Las deudas de las prestadoras estatales IOMA y PAMI alcanzan cifras millonarias. Los problemas crecen por el atraso en el nomenclador provincial y el sistema de cápita aplicado por la cobertura nacional. Las obras sociales niegan las demoras que denuncian los intendentes
El desfasaje de valores de la economía argentina golpeó de manera significativa a las administraciones locales, que, en buen número, se encuentran sin capacidad para planificar con certeza y con menos recursos para hacer frente a sus obligaciones.
El aumento de los precios relativos, el alza del dólar, la disparada del precio de los combustibles (el segundo ítem en importancia para los municipios, después del pago de sueldos) y la cancelación del Fondo Sojero -la compensación coparticipativa no alcanza ni por asomo al flujo de dinero suprimido- asestaron un KO a muchos jefes comunales, que se las ven en figuritas para mantener al día las cuentas.
Y, como si todo este panorama no fuese ya lo suficientemente desalentador, otro nubarrón aparece en el horizonte y descarga tormentas en las arcas comunales: la deuda que mantienen con ellas las obras sociales IOMA y PAMI.
La problemática se observa desde diversos ángulos, que superan ampliamente el mero hecho de “pagar tarde”, y además conforma un intrincado ramillete de situaciones que, en algunos casos, enfurece a los jefes territoriales.
Un repaso por la realidad de muchas administraciones municipales posibilita observar la ausencia de un patrón claro que permita determinar los criterios para decidir “a este, le pago; a este, no”. Por ejemplo: algunos de los intendentes más belicosos respecto del gobierno provincial están al día, mientras que algunos alcaldes de Cambiemos no tienen tanta suerte y acumulan deudas incluso desde el año 2017.
Así, un intendente peronista que registra una abultada deuda por parte de IOMA ironizó cuando supo que un compañero de militancia, a cargo de un distrito del interior, estaba al día. “¿En serio no le deben nada? Debe tener un conocido ahí”, señaló, entre risas. Aunque luego lamentó los meses que le adeuda la obra social de la Provincia.
Pero pongamos nombres y apellidos. El jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, está al día en cuanto a ambas obras sociales, pese a ser un reconocido ultrakirchnerista. No sólo es un opositor con discurso crítico y, a veces, ciertamente pirotécnico, sino que se ha anotado en la carrera por la sucesión de María Eugenia Vidal en la Gobernación bonaerense.
En el otro extremo, uno de los municipios gobernados por otro peronista, Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas, en el populoso Conurbano bonaerense. Allí, los números sorprenden: PAMI adeuda 40 millones, a pesar de haber firmado un convenio con el Ejecutivo para saldar una deuda gigantesca. Debía $100.000.000 a finales del año pasado, producto de la gran cantidad de cápitas que maneja.
El distrito malvinense, además, tiene pendientes de cobro 12 millones más, de parte del IOMA. En la vereda de enfrente, la de Cambiemos, distritos como Bragado (Vicente Gatica) están completamente al día, mientras que otros todavía pelean por cobrar, como San Pedro.
El combo se completa con valores desactualizados de las prácticas, que sostiene el erario público local y que luego cobra a las dos obras sociales; incluso PAMI tiene un sistema de reparto basado en cápitas, en lugar de realizarlo “por prestación”, como ocurre sí con la obra social de la Provincia.
No menos influyente es la obsoleta escala de valores que fija el nomenclador de IOMA, utilizada para calcular el costo de las prácticas, que es el mismo del año pasado y que, como es obvio, perdió su vigencia ante la espiral inflacionaria y la devaluación.
El sistema de cápitas generó, y sigue generando, rechazos. Adoptado por PAMI en el año 2013, tras abandonar el régimen de contrataciones por prestación (pago por prácticas o recetas efectuadas), el nuevo sistema asignó un monto fijo por paciente, denominado cápita. Esto significó una vuelta a los años 90, donde funcionó el sistema y generó denuncias contra intermediarias y gerenciadoras.
En cuanto al SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), es un régimen retributivo creado por la ley 8801/07 que permite a los hospitales públicos facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de salud y ART las diferentes prestaciones de salud que realizan a sus afiliados.
La ley establece que el 10 por ciento del monto recaudado por cada hospital municipal debe ser destinado al Fondo Provincial de Salud. El 90 por ciento restante, según la normativa vigente, se asigna a Fondos de Libre Disponibilidad, que el municipio puede afectar libremente para atender gastos de funcionamiento, inversiones menores de capital o reparación y mantenimiento de las estructuras hospitalarias.(La Tecla)