La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señaló que durante 2020 la población en cárceles cayó levemente mientras que hubo un crecimiento exponencial de las aprehensiones policiales y récord de detenciones en comisarías, a pesar de que el delito cayó casi un 30% como producto del aislamiento por la pandemia de coronavirus.
La CPM presentará esta tarde en una trasmisión virtual su informe 15° anual sobre la situación en el sistema penal en la provincia de Buenos Aires. En la previa, a través de un comunicado, la organización dio a conocer varios datos sobre el extenso diagnóstico.
“Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30% por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas”, indicó la CPM.
Asimismo, el organismo se refirió a “las violaciones a los derechos humanos en comisarías” y señaló que “el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas”. “El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior. En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019”, subrayó.
Además, señaló que en diciembre del año pasado “se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial” y que “en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas”.
También, la CPM registró “400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense”. “Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal”, recordó el organismo.
La situación en cárceles
Por otro lado, la CPM destacó que se logró “un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década”. “A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%)”, detalló.
Aunque, aclaró: “Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires”. Y detalló: “La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106% en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014”.
La CPM también indicó que “durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior” lo que “es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días”. “De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19” y “152 fueron por cuestiones de salud no asistidas”, agrega el comunicado.
En tanto, la organización también detectó un descenso en la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, algo alentador ya que se trata de poblaciones “particularmente vulnerables”.
“Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior”, destacó. Y agregó: “Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19% pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020”.
En cuanto al fuero de responsabilidad penal juvenil, “la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento”. “Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior”, indica la CPM.
Asimismo, señala que “otro dato poco alentador” es que “sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes”. O sea, “el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos”.
Torturas
El año pasado los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas “realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos”. “Casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”, indicó la organización.
La CPM recordó también que realizó inspecciones y seguimientos en las protestas carcelarias producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre.
“El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones”, advirtió el organismo.
Y agregó: “En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela”.
Salud mental
En el ítem de políticas de salud mental, la CPM sostuvo que se “presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación”. “Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse”, agregó la organización.
La presentación del informe se podrá seguir desde las redes sociales de la CPM esta tarde a partir de las 18 horas. (DIB)