en el marco de la investigación por el posible contrabando agravado de armas al Estado Plurinacional de Bolivia, el fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, imputó al ex jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, al ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie y al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.
La ampliación es consecuencia de los nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En su nueva presentación, Frederic, Soria y Marcó del Pont señalaron la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. En la primera de ellas, el ex presidente Mauricio Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.
Asimismo, agregaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña, en la que estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.
Al intervenir tras la ampliación de la denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes y extendió a Peña, Faurie y Pompeo la imputación oportunamente formulada en la denuncia original del 16 de julio a Macri, Álvarez García, Bullrich, Otero, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y a los entonces directores de Logística y Operaciones de la Gendamería, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente, y en la posterior presentación del 23 de julio pasado al entonces comandante de aquella fuerza de seguridad, Adolfo Héctor Caliba.
En tal sentido, el fiscal entendió que “los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.
Añadió que, dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, «la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.