Se trata de un subcomisario y cuatro oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes fueron apresados en la madrugada del domingo. En las próximas horas declararán ante el juez Del Viso y el fiscal Gómez Barbella.
En línea con el pedido del responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Martín del Viso, dispuso las detenciones -que se efectuaron en la madrugada del domingo- e indagatorias de un subcomisario y cuatro oficiales de la Comisaría Vecinal N°4 de la Policía de la Ciudad, que participaron del procedimiento tras la balacera que culminó con el homicidio de Lucas González y la detención ilegal de sus tres amigos.
En las próximas horas serán indagados por los delitos de encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica, tal como lo fueran otros seis oficiales ya procesados por esos hechos la semana pasada.
La hipótesis de la fiscalía
De acuerdo a los testimonios y pruebas recabadas por la fiscalía, el subcomisario y los cuatro oficiales de la Comuna 4D estuvieron presentes en aquella mañana del 17 de noviembre. Tres de los oficiales -dos de los cuales llegaron en motocicletas- participaron “en el ilegal procedimiento encarado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Alvarado y Pedriel” y dos de ellos serían los responsables de esposar a los amigos de la víctima y privarlos ilegítimamente de su libertad.
El restante imputado junto al Subcomisario y otro de los oficiales habrían sido los primeros en llegar al lugar, tras la balacera, y habrían sido los responsables de montar el operativo en el que se habría modificado la escena y fraguado pruebas, al tiempo que habrían brindado datos falsos a las autoridades judiciales para así simular que los jóvenes eran imputados, cuando en realidad resultaron víctimas del ilícito accionar policial.
Detenciones
En su resolución, el juez Del Viso advirtió: «a pesar de la balacera que encararon los tres efectivos de la Brigada 6 de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad (…), cuyas conductas determinaron, entre otras cosas, la muerte de una persona de 17 años y la intención de hacer lo mismo con otras tres de la misma edad, le siguió una puesta en escena en la que los numerarios solo debían limitarse a resguardar el escenario hasta que otra fuerza (en este caso puntual, la Policía Federal Argentina) se hiciera cargo del procedimiento». En en esa línea, resaltó que los integrantes de la Policía de la Ciudad no podían «desde el inicio y sin consulta judicial, retirarles a las víctimas sus teléfonos ni detenerlas; revistar y manipular el Volkswagen Suran (…); o peor aún, ‘plantar” una réplica de arma de fuego (que es la hipótesis que baraja la Fiscalía al presentar su teoría del caso)”.
Al ordenar las detenciones, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 recordó la imputación efectuada por el fiscal Gómez Barbella, quien señaló que los cinco efectivos policiales “habrían alterado los rastros pruebas del delito que cometieron” los tres policías de la Brigada 6, “en el hecho acaecido en el mencionado procedimiento en la Avda. Iriarte a metros de la Avda. Vélez Sarsfield de esta Capital, al arribar inmediatamente e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un ‘enfrentamiento’, colocando para ello un arma de utilería ‘plantada’ en el interior del rodado Volkswagen, modelo Suran” en el que se trasladaban las víctimas.
También se les imputó haberle proferido frases discriminatorias a los jóvenes y mantenerlos privados de su libertad ilegítimamente “sufriendo tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos”.
“La gravedad de los hechos hace razonable el planteo Fiscal en cuanto a la seria posibilidad de riesgo de fuga y entorpecimiento para la investigación. Es que debo tener en cuenta su condición de policías y las circunstancias y naturaleza del suceso, pues justamente la atribución realizada consiste en la posible participación en el encubrimiento de unos compañeros ante la comisión de delitos de extrema gravedad (conf. art. 221, inc. “a” in fine y “b” del CPPF). A partir de ello no puede descartarse, al menos en esta instancia y tal como lo afirma el Fiscal, que puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho”, destacó el juez.
El hecho
En la mañana del 17 de noviembre, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Surán del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de campo, en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales, que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.
El joven de 17 años, que viajaba en el asiento del acompañante, recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna” -donde permaneció con custodia policial-, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció al día siguiente por la tarde. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.
Tres días después del hecho, los policías investigados por el ataque fueron detenidos cuando llegaban a la comisaría donde trabajaban, y fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio de Lucas, la tentativa de homicidio agravada y la privación ilegal de la libertad agravada respecto de sus tres amigos, y por el delito de falsedad ideológica.
Días después, también se apresó al comisario, el principal y dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, y al comisario y al subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Todos ellos fueron procesados, la semana pasada, por falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley, y por el delito de vejaciones en perjuicio de los jóvenes detenidos. También se procesó al subcomisario, al inspector y las dos oficiales como coautores de falso testimonio agravado.