El Tribunal Oral en lo Criminal y Federal Nº2 de Rosario condenó a dos hombres acusados de comercializar cocaína y marihuana en las localidades de Firmat y Chabás, en la provincia de Santa Fe. Aldo Orozco, que operaba e impartía órdenes desde el Penal de Devoto, recibió una pena de ocho años y diez meses de prisión, mientras que Daniel Riera fue condenado a nueve años, ambos como coautores de comercialización de estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas. También recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión Liliana De Marco, madre de Orozco y encargada de almacenar el material para su posterior distribución. En la causa intervino Fernando Arrigo, titular de la Fiscalía General Nº 2 , que había solicitado condenas similares a las dictadas. 
La causa comenzó producto de una pesquisa llevada a cabo por la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones BOD IV de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en la que un grupo de personas se abastecía en la ciudades de Rosario y Firmat y en la localidad de Pérez, departamento de Rosario. Entre los proveedores no identificados a esa fecha, aparecía uno mencionado como César, por lo que se intervinieron las líneas utilizadas por quienes lo abastecían de material. A través de esas escuchas pudo individualizarse a Orozco, como también saber que se encontraba detenido en el penal de Devoto, desde donde seguía operando. Sin dar nombres, daba cuenta de cómo dirigía su actividad de venta de estupefacientes, guardándolos en un domicilio y enviando a otra persona a retirarla para su posterior venta al menudeo.
La fiscalía tuvo por acreditado que Orozco organizó intramuros una estructura criminal dedicada al narcotráfico en la modalidad de comercialización junto a su madre y Riera. Junto a, al menos, otras tres personas aún no requeridas a juicio, su actividad se desarrolló en las localidades de Firmat y Chabás, provincia de Santa Fe. Se determinó que operaron desde junio de 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, momento en el que se realizó una serie de allanamientos en Firmat, donde se incautó cerca de un kilo de cocaína.
A lo largo del juicio y a partir de las escuchas telefónicas, pudo acreditarse que toda la actividad de comercialización de estupefacientes estaba diagramada por Aldo Orozco. Desde su lugar de detención, orquestó y dispuso la forma en la que los demás integrantes de la organización debían llevar adelante sus tareas. Los estupefacientes eran guardados en la casa de su madre, Liliana De Marco, donde los demás miembros acudían a retirarlos para su posterior comercialización al menudeo.
Por su parte, Riera era el encargado de llevar adelante las cuentas de las ganancias que la actividad generaba, y de disponer de esos fondos de acuerdo a las directivas que recibía de parte de Orozco, y eventualmente colaborar en la venta de estupefaciente. Esto quedó acreditado con las escuchas telefónicas en las que Orozco, a pesar de estar cumpliendo condena en el penal de Devoto, no tenía impedimento para contactarse con su madre o con Riera para definir luego como llevar adelante la comercialización de dichas sustancias y distribuir las tareas.
Para el fiscal, en su rol de organizador Orozco fijó las reglas de cómo llevar adelante la actividad y dispuso de los recursos humanos, materiales y logísticos para llevar adelante el comercio de estupefacientes. Al frente de la organización, era quien daba órdenes sobre cómo distribuir la droga, solicitaba rendición de cuentas, establecía horarios de trabajo, pautas de estiramiento de la sustancia y su pesaje y acondicionamiento para su posterior venta. También pudo establecerse que a Riera correspondía el resguardo del dinero proveniente de la actividad ilícita, al cual Orozco le designaba distintos destinos. Así, se encargaba de pagar a abogados, comprar electrodomésticos y también realizar actos de venta o interceder para continuar con la actividad de la organización. Las mismas intervenciones también confirmaron que De Marco oficiaba de guardadora del material que luego diversos integrantes retiraban del domicilio previa orden de Orozco, que indicaba qué cantidades debía entregar.
Para el Ministerio Público Fiscal, la intencionalidad de venta no sólo está acreditada con la cantidad de sustancia secuestrada en distintos domicilios, sino también en la presencia de otros elementos como teléfonos celulares, balanzas de precisión, prensas, grandes cantidades de dinero y sustancias de corte.
El pedido de penas del MPF
Arrigo acusó a Orozco como organizador de una estructura delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes y como coautor penalmente responsable de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas para cometerlos, por lo que solicitó una pena de diez años de prisión. Además, dado que ya había sido condenado en dos ocasiones en 2018 y 2019, el fiscal solicitó que, de mediar sentencia condenatoria, se las unificase en una condena única de diez años y diez meses de prisión.
Riera fue señalado por el Ministerio Público Fiscal como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas, por lo que se solicitó una pena de siete años de reclusión. Como, al igual que Orozco, también se encontraba cumpliendo una condena efectiva, la fiscalía solicitó que, en caso de mediar sentencia condenatoria, se unificase ambas en una pena de nueve años. De Marco, por su parte, fue señalada como partícipe secundaria, por lo que se solicitó una pena de cuatro años y seis meses de reclusión.
El 18 de diciembre, el Tribunal Oral hizo lugar de manera parcial a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal al omitir la figura de organizador para Orozco, a quien condenó junto a Riera como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, con penas unificadas de ocho años y diez meses y nueve años, respectivamente, mientras que, en su rol de partícipe secundaria del mismo delito, De Marco recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Se dispuso además, el decomiso del dinero secuestrado durante los operativos realizados en 2016.