Familiares de víctimas de delitos registrados en Firmat expusieron ayer ante el Concejo Municipal de esta ciudad su malestar y preocupación debido a situaciones irregulares que aseguran haber experimentado en el marco de investigaciones vinculadas a diferentes hechos. La reunión había sido solicitada por medio de una nota en la que plantearon a los legisladores locales la necesidad de tratar el tema a fin de definir acciones que apunten a mejorar el cuestionado servicio de Justicia.
Durante el encuentro, los habitantes visibilizaron padecimientos vinculados al «derrotero que sufrimos en la búsqueda de Justicia». Y desde ese lugar propusieron, entre otras herramientas, la creación de un «protocolo que le proporcione a la víctima protección, contención y apoyo», para no tener que seguir lidiando con situaciones de «violencia institucional y desprotección» que ya padecieron.
Al menos así lo denunciaron a través de distintos testimonios que terminaron siendo punta de lanza de una movida que dejó al descubierto un fuerte espíritu de «unidad».
Mayor involucramiento
Con esa suerte de proclama el grupo firmatense de familiares de víctimas de ilícitos busca un mayor involucramiento del Estado para evitar cuestiones como las descriptas, además de seguir pidiendo por el esclarecimiento de casos aún impunes.
«Se debe dar prioridad a los reclamos de las víctimas y a la resolución de los casos», sintetizaron en el escrito que enviaron a los concejales y cuya postura ayer reforzaron desde su lugar de experiencia.
«Frente a hechos de inseguridad vemos cómo reiteradamente hay falta de contención a la víctima o por lo menos no es efectiva», indicó al culminar la reunión el abogado firmatense Daniel Aloé, en referencia al principal motivo que fundamentó la formación de la agrupación.
Y en esa línea explicó que fueron aportadas al Concejo «diferentes propuestas con el objetivo de que se elaboren protocolos y reglamentos para tender a ese contención de la cual hoy carecemos».
El profesional, que representa legalmente a la familia de la chica que ya hace más de un mes y medio denunció haber sido violada en esta ciudad, sostuvo que lo reclamado no sólo apunta a garantizar contención, sino también a «ayudar» a denunciar delitos que «muchas víctimas no se animan a hacer por este cuestionamiento que planteamos», a partir de la experiencias vivida por vecinos de la ciudad.
Marcelo, el padre de la menor abusada en Firmat y por cuyo caso se realizó hace varias semanas una multitudinaria movilización de la que dio cuenta La Capital, sostuvo que «sentimos desprotección e inseguridad de parte de la Municipalidad», razón por la cual «vinimos al Concejo a hacer una propuesta para que se adopten medidas a fin de que esto no siga ocurriendo». Y respecto a la situación de su hija indicó que es atendida «por una psicóloga particular y está tratando de salir adelante», al tiempo que se mostró conforme con el trabajo que está llevando adelante el fiscal de Melincué, Matías Merlo, para intentar esclarecer el caso que quedó en sus manos luego de haber sido investigado, sin éxito, por los fiscales en feria Horacio Puyrredón y Andrea Caballero.
Otro hecho resonante sobre el cual la Justicia tampoco logró avanzar fue el doble homicidio de un hombre y una mujer apuñalados en el interior de la casa en la que vivían. «Ya pasaron casi cuatro años y no tuvimos respuesta del gobierno ni de nadie y seguimos pidiendo Justicia al igual que las padres de Camila —la nena abusada— que necesitan apoyo como otras víctimas».
Aunque en otro sonado caso de abuso sexual contra dos menores de la comunidad Mocoví de Firmat los presuntos responsables están detenidos, también surgieron quejas respecto a la inacción estatal para brindar apoyo a los víctimas que hasta «tienen vergüenza de salir a la calle», aseguró un familiar.
Cuestionamientos
Días atrás, como también publicó este diario, Aloé se quejó por la falta de avance en la investigación del hecho de violación contra Camila, además de haber asegurado que se perdieron pruebas y otras ni siquiera ingresaron al expediente, entre otros cuestionamientos. Y la mamá de la nena, Marcela, denunció, también a través de su Facebook, que «el funcionario encargado de coordinar la seguridad no me llamó para darme una novedad del caso, sino para exigirme que deje de reclamar por las redes la falta de seguridad porque lo hacen quedar mal».
Dijo que tal situación le provocó la sensación de un mayor «alejamiento» por parte de las autoridades en torno al caso y le endilgó que «lejos de preocuparse por colocar bien las cámaras y resguardar en algo la inexistente seguridad, se preocupa por los comentarios en Facebook. Todo lo que pasa con esta causa invita a las futuras víctimas a no denunciar ya que, lejos de contenerlas, las agreden»,reflexionó. No entienden —añadió— que son servidores públicos; no gerentes de empresas».
Asimismo comentó que en su «resguardo», así como el de su hija y su familia realizó «una exposición en la Comisaría 4 de Firmat sobre los llamados que me ordenaron «no opinar más»». Y finalmente recordó que «nunca utilizamos la política partidaria» y que «fueron miles los que se movilizaron pidiendo Justicia a la par nuestra (pero), sin embargo, parecería que estos funcionarios están poniendo todo lo que tienen a su alcance para que no se hable más del tema» al tiempo que advirtió que seguirá «hablando y luchando para que se haga Justicia hasta mi último aliento».(La Capital)