El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, Enzo Juárez, sufrió un nuevo revés judicial al ser rechazado el pedido de sobreseimiento planteado por su defensa en una causa donde está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer que desempeñaba funciones en el gremio.
Así lo decidió el juez Aldo Baravalle, quien al mismo tiempo admitió la acusación formulada por Fiscalía para la apertura de elevación a juicio en el marco de su resolución dada a conocer este semana luego de desarrollarse la audiencia donde fueron expuestos los diferentes planteos.
En abril de este año el dirigente sindical ya había solicitado, sin éxito, el archivo de la causa y ahora, de quedar firme lo resuelto, terminará siendo juzgado por el hecho que se le achaca a través de un tribunal pluripersonal, tal como fue solicitado por las partes.
El caso tomó estado público a principio de 2020, cuando militantes feministas acampó frente a la sede del sindicato municipal firmatense para exigir la destitución de Juárez, quien sigue en funciones.
Allí se supo que el sindicalista había sido denunciado y posteriormente imputado por un caso de abuso contra Daniela S., una trabajadora del municipio local que desarrollaba tareas en el sindicato al tener permiso gremial, el cual luego le fue quitado a partir de una cuestionada decisión.
Si bien el titular del gremio municipal firmatense, quien seguirá en libertad y con prohibición de acercamiento hacia la víctima, proclama su inocencia y hasta vinculó la acusación en su contra con una campaña sindical y política no logró revertir su complicada situación procesal que lo tiene al borde del juicio.
“El juez consideró que existen evidencias suficientes contra el imputado, por lo rechazo el pedido de sobreseimiento e hizo lugar a nuestra requisitoria para disponer la apertura de elevación a juicio”, explicó a La Capital el fiscal que investiga el caso, Matías Merlo.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación resaltó que la requisitoria fue acompañada por una serie de pruebas que le dan sustento. Y en tal sentido hizo hincapié “en el testimonio de la víctima y pericias que demuestran los daños psicológicos que sufrió, entre otros elementos”.
Merlo, quien pidió una pena de 14 años de prisión para el acusado, recordó que la víctima “cumplía roles en el sindicato y denunció que en el año 2017 sufrió hechos acoso laboral y sexual y después del proceso develamiento también sostuvo que fue abusado, lo que derivó en el imputación”.
A Juárez se atribuye el delito de abuso sexual con acceso canal agravado por daños psíquicos contra la víctima, quien debió llevar adelante un tratamiento psiquiátrico en un instituto de rehabilitación debido a las consecuencias generadas por el hecho investigado.(LA CAPITAL)