Las amenazas de bomba contra escuelas se elevaron a dos mil en el último mes, lo que disparó la alarma entre las autoridades, por lo que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, advirtió que no se trata de “una broma”, sino de “un delito” penado con hasta seis años de cárcel. La ciudad que más amenazas tiene en la región es Junin con ochenta y seis procesados. Todas mujeres.
En Colón hubo solo una en un circo y se trató de un menor de 17 años con problemas de maduración. Había pedido 200 mil pesos de “rescate” y término negociando por 5 mil pesos. Lo capturaron.
“Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión”, advirtió el funcionario bonaerense durante una recorrida por los distritos de Zárate y San Nicolás, luego de que fuentes de su cartera informaran que entre el 1 de septiembre y ayer hubo 1991 mil llamados intimidatorios.
“En el 90 por ciento de los casos, o más, se trata de falsas alarmas”, indicaron a DIB desde el gobierno provincial, aunque aclararon que desde el 1° de septiembre pasado hasta hoy, 15 personas fueron puestas a disposición de la justicia en el marco de las investigaciones iniciadas” por este tipo de amenazas.
El 22 de septiembre pasado, se recibieron 48 llamadas intimidatorias: 11 en Tres de Febrero, seis en Merlo, cinco en Morón, 4 en Ituzaingó, tres en Almirante Brown, una en General Pueyrredón, una en Junín, una en Avellaneda y siete «indefinidos». También el colegio donde concurren los hijos de la goernadora María Eugenia Vidal, las sufrió.
«Salvo una llamada realizada a un colegio de Almirante Brown, donde se encontró una granada, las restantes alertas dieron resultado negativo», explicaron las fuentes consultadas. El hecho ocurrió en el Colegio Nacional de Adrogué y la Briga Antiexplosivos de la policía bonaerense debió hacer explotar el artefacto
Respecto del hecho de que la mayoría sean falsas alarmas, Ritondo explicó que “ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir con toda una logística que implica” actuar en casos así, lo que insume un esfuerza que implica aumentar el “riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”.
En ese marco, advirtió que con la tecnología actual “es muy fácil” rastrear el origen de las llamadas. Eso ocurrió en el caso de un alumno de 19 años de la escuela N° 19 de San Antonio de Padua que llamó alertando de una bomba y ahora fue imputado por el fiscal de Morón Claudio Oviedo de intimidación pública.