Lo dispuso el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Es en el marco de la investigación por las irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas. El perjuicio económico sería de más de 460.829.737 millones de pesos.
E
n línea con el requerimiento del titular de la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas, el juez federal Adrián González Charvay elevó a juicio oral y público la investigación seguida contra el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y otros ex funcionarios y funcionarias municipales y representantes de empresas constructoras, en orden al delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. En el caso intervino la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que encabeza Sergio Leonardo Rodríguez.
Además de Ducoté, irán a juicio el ex jefe de gabinete de Pilar Juan Pablo Martignone; el ex secretario de Obras Púbicas de Pilar Guillermo Horacio Iglesias; la ex subsecretaria de Obras Públicas Sandra Edith Sosa; el x director general de Calles y Red Vial Osvaldo Nicolás Caccaviello. También fueron enviados a debate oral Federico Iván Leonhardt y Sergio Miguel Russo, presidentes de las firmas Vivienda y Hábitat Pilar Sapem y Tordel S.A.; Norberto Fabián Giulianelli, representante técnico de Tordel S.A.; y Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, representantes legales de la Unión Transitoria de Empresas Vialme S.A..
La causa, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Campana, con la colaboración de la PIA, se inició en 2019 luego de la una denuncia por irregularidades en la administración de los fondos procedentes del gobierno nacional en los tres convenios celebrados en 2016 para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para la refacción de viviendas. En la investigación, se identificó que había obras no ejecutadas conforme al presupuesto o ejecutadas en su totalidad y que se habían generado gastos indebidos a favor de terceros, lo cual provocó un perjuicio a las arcas del Estado Nacional por más de 460 millones de pesos. Las obras propuestas no se vieron finalizadas por falta del control de las autoridades nacionales.
Luego de la confirmación de los procesamientos dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en octubre pasado, el titular del Juzgado Federal de Campana rechazó los pedidos de sobreseimiento y oposición formulados por las defensas, declaró clausurada la instrucción y la elevó a juicio. También, dispuso la extracción de testimonios para continuar la investigación respecto de otras personas.
El magistrado González Charvay valoró los planteos efectuados por las defensas y destacó: “en este mismo orden de ideas, no aparece razonable discutir otra vez más en esta instancia la valoración de los hechos y la prueba, y la calificación legal que en definitiva deberá corresponder, cuando aquel encuadre jurídico debe ser definido obligadamente durante el debate (artículos 398, 401 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación), siendo allí donde deberían usarse sin restricciones las interpretaciones sobre la normativa aplicable al caso.”
Agregó entonces que correspondía “señalar nuevamente que los alcances de los actos ilícitos pesquisados fueron evaluados por este Tribunal al momento de dictar los respectivos autos de mérito, decisorios que, cuando fueran recurridos, han sido avalados por el superior jerárquico». «Basta en esta instancia un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le corresponde a cada imputado, pues de lo que se trata es de habilitar el avance del proceso hacia el juicio, etapa en que se desenvolverán los debates y la confrontación con real amplitud», indicó el juez federal.