Un escándalo sacude la localidad de Puán. El saliente intendente Facundo Castelli (Juntos por el Cambio) es acusado de desviar $83 millones del erario público y dejar las cuentas de la comuna en rojo, por lo que no habría fondos para pagar los sueldos de los empleados municipales.
Todo comenzó el miércoles pasado cuando, luego de una reunión con el intendente electo Diego Reyes (también de JxC) y su gabinete, la comuna ofreció a los trabajadores una suba de 0,5%. Desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) calificaron la propuesta salarial de “tomada de pelo”, puesto que esto implicaría un aumento de 500 pesos.
Para peor, se prevé que los sueldos no se van a pagar debido a la “inaudita situación económica” y que la posibilidad de recurrir a herramientas financieras bancarias esta “inhabilitada”. En el comunicado publicado por FESIMUBO, acusan los “movimientos irresponsables” ejecutados por el ejecutivo que derivo en el cierre de “todas las puertas a toda solución financiera”.
“En el mes de junio se solicitó un adelanto de coparticipación Provincial por 150 millones de pesos del cual resta el pago de la última cuota de 30 millones de pesos en el mes de diciembre de 2023. Esto implica que no se podrá solicitar adelantos de coparticipación hasta el mes de enero de 2024”, señala el documento.
Emiliano Stadler, concejal del Frente de Todos, aseguró que el panorama de Puan es “realmente caótico” y que, a su vez, las cuentas se encuentran en “negativo”. El ejecutivo local no cuenta con la posibilidad de usar herramientas financieras “por no devolver la plata”.
Según publicó el portal local Elagora, en números claros, el municipio necesita 600 millones para pagar los sueldos, 300 millones para el pago a proveedores. Las arcas municipales se encuentran, al momento, con un saldo negativo de más de 100 millones. “Por lo que necesitas unos mil millones para estabilizar las cuentas municipales y esa plata no está”, indicó Stadler.
En la mañana de este jueves, la representante gremial de los trabajadores municipales, Nelba Juárez, dijo a radio LU2 que «se adeuda noviembre, no lo cobramos y no lo vamos a cobrar, eso es lo más triste. Ni hablemos de aguinaldos, estamos atrasadísimos». Y agregó «esto fue desviado para otro tipo de cuentas. No sabemos a qué se atribuye, no nos dio explicaciones. No nos pudimos comunicar nunca más con el intendente (Castelli)».
Juárez detalló que según los números observados «en octubre se hizo un giro en descubierto de 400 millones de pesos con el Banco Provincia, luego se efectivizan los haberes pagos y, de esta forma, con los adelantos de ATP y ATN, hoy por hoy el sistema tiene una deuda de 122 millones de pesos».
«No obstante, también es gravísimo, porque hay malversación de fondos, que mediante un decreto transfiere a una cuenta del Frente Vecinal 83 millones de pesos. Por eso es imposible poder saldar la deuda que se tiene», agregó.
«Nos preguntamos cómo puede pasar eso. Tanto los ATP como los ATN son herramientas que no se pueden desviar; eso es gravísimo. El intendente que ingresa queda sin fondos y sin herramientas para responder a salarios y proveedores», subrayó.
El propio Reyes apuntó contra el saliente jefe comunal. “Hoy asumo y Castelli no va a estar en el traspaso de mando. Hay un certificado que presentó por cuestiones de salud y desconozco el paradero de Facundo, solo hablé con él cuando nos abrieron las puertas de la Municipalidad”, afirmó el intendente electo en conversación con radio La Brújula 24.
“Estamos $120 millones abajo en las cuentas del Banco Provincia. Se firmó en fines de octubre un giro en descubierto para pagar los sueldos de noviembre y desde esa cuenta hay una transferencia a otra cuenta municipal para abonar recursos de terceros, más precisamente al Frente Vecinal es el partido vecinal que se construyó hace bastante tiempo. Esa transferencia se hizo por decreto, lo cual es un agravante porque el contador y el tesorero le comunicaron por nota que no iban a avalar esta maniobra”, dijo Reyes.
No obstante, Reyes describió que “fueron 83 millones de pesos de crédito en concepto de devolución de aportes, los cuales sacó por decreto. La Justicia determinará si es delito, vamos a poner todas las pruebas”. (InfoGEI)