El Comité DESC de las Naciones Unidas está evaluando el cumplimiento de la Argentina del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene rango constitucional. El jueves y el viernes tuvo lugar el diálogo interactivo entre los representantes del Estado –encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- y los/as miembros del Comité.
El Comité le señaló al Estado argentino que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales. En síntesis, para el Comité el Estado debe tener en cuenta sus deberes en materia de DESC y no únicamente sus acuerdos financieros.
Los/as integrantes del Comité también llamaron la atención sobre algunas cuestiones centrales que habían sido planteadas por las organizaciones sociales en sus informes.
-Mostraron preocupación por los recortes en los programas de seguridad social –como la baja de las pensiones por discapacidad-, el desempleo –en particular el de las mujeres jóvenes-, la degradación del Ministerio de Trabajo y la persecución a la actividad sindical. También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos.
-En materia de salud, consideraron una «oportunidad perdida» la falta de aprobación de la legalización del aborto y preguntaron al Estado por la barreras formales e informales para acceder a los abortos legales, la objeción de conciencia y el acceso a medicinas esenciales. También expresaron preocupación por la falta de aplicación de la Ley de Salud Mental y la falta de alternativas a la manicomialización.
-En lo relacionado con la política fiscal, el Comité llamó la atención sobre las medidas regresivas y, en particular, sobre la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios. En materia económica, también sostuvo que el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable.
-El Comité mostró preocupación por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, luego de la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Estado respondió sin precisiones, con frases hechas como «en este gobierno pensamos en positivo» e intentó justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI porque eran la manera «más barata de corregir el déficit». Las observaciones finales del Comité se publicarán en las primeras semanas de octubre.
Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Argentina
En conjunto con 55 organizaciones, el CELS envió al Comité seis informes temáticos elaborados que dan cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos. Los resúmenes pueden leerse en este enlace, por el que se puede acceder también a los informes completos.
Hay una situación crítica en la Argentina respecto del acceso y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, a la salud, la seguridad social, la tierra y la vivienda. Las limitaciones estructurales que mantiene el país fueron agravadas por medidas políticas y económicas que produjeron una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo y un proceso acelerado de endeudamiento público.
Mientras que aumentó la carga del pago de deuda en el gasto público, se redujo el peso de la inversión en servicios, obras de infraestructura y programas que promueven derechos. Por ejemplo, el gasto destinado a la construcción y el mejoramiento de viviendas fue recortado de manera muy significativa.
Además, se reformó de manera regresiva el sistema jubilatorio y de seguridad social. Y se puso fin a un plan que permitía que quienes no tenían los aportes contributivos suficientes pudieran jubilarse, con un impacto mayor para las mujeres, que representaban el 75% de quienes accedieron al beneficio. Además, hubo un masivo e injustificado recorte de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad.
En este escenario adverso para los derechos, creció la desigualdad. Ya en el primer trimestre del año la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos se incrementó un 5,2% interanual. En los últimos meses la situación se vio agravada por una crisis económica, con la demanda interna enfriada, peores indicadores laborales y sociales, una inflación acelerada y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos.
En junio, el gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual se comprometió a realizar un severo ajuste del gasto público, a cambio de un préstamo por 50.000 millones de dólares. Se preveía que el Estado argentino aumentara los recortes a subsidios a la energía y al transporte, despidiera a más empleadas y empleados públicos y suspendiera obras públicas. Pocos meses después, ese acuerdo quedó desfasado tras corridas cambiarias que aceleraron la devaluación monetaria, llevándola a más de 100% desde enero.
En pos de repactar el acuerdo con el FMI, el 3 de septiembre el gobierno anunció su intención de profundizar el ajuste fiscal para alcanzar la meta de «déficit cero» en 2019. Como gesto de austeridad, reestructuró el gabinete y degradó al rango de secretarías ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en los derechos económicos, sociales y culturales: Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología. De esta forma el Estado nacional abandona su rol rector en áreas que presentan desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país.
Para 2018 las estimaciones oficiales prevén una inflación de 42% y una contracción económica de 2,4%. Este escenario macroeconómico, junto con el impacto del ajuste, indefectiblemente generará mayores niveles de desigualdad, desempleo y pobreza. Y eso tendrá un impacto directo en los derechos de los sectores medios y populares.
CRECIENTE DESEMPLEO Y PRECARIZACIÓN
Hay casi dos millones de personas desocupadas en la Argentina, de quienes el 39% lleva más de un año buscando trabajo. La tasa de desocupación pasó de un 5,9% en el tercer trimestre de 2015 a un 9,6% en el segundo trimestre de 2018. Al mismo tiempo, se han pauperizado las condiciones laborales y de contratación. Las mujeres y las personas jóvenes enfrentan mayores problemas de empleo según todos los indicadores, lo cual viola el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
En cuanto a los obstáculos y las violaciones al derecho a la libertad sindical, se analizan varios casos, como la persecución política y judicial que sufren las y los trabajadores docentes de Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y Jujuy, los estatales de Rio Negro y los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. También se da cuenta de la intervención indebida en la vida interna de los sindicatos, las dificultades para ejercer plenamente el derecho a la negociación colectiva y el uso arbitrario de la conciliación obligatoria.
SALUD PÚBLICA Y SALUD MENTAL: SISTEMAS EN CRISIS
El sistema de salud tiene problemas estructurales y algunas provincias decretaron el estado de emergencia en salud debido a las condiciones de los hospitales y la falta de capacidad para responder a la demanda de atención. En este contexto, el Estado nacional tomó decisiones preocupantes. Por un lado, busca reorientar el sistema hacia un modelo que limite el acceso a la atención a una «canasta de prestaciones básicas». Por otro, impulsa la creación de una agencia que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo para definir las prestaciones de salud que serían obligatorias para todos los proveedores de servicios.
En materia de salud mental, no se avanza –y en algunos casos se retrocede–, en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que prevé el cierre de los manicomios en 2020. Falta un plan generalizado de externación sustentable de personas institucionalizadas, que garantice el acceso a derechos económicos y sociales como fundamento para volver a vivir en libertad y en comunidad. Mientras tanto, las condiciones de vida en los hospitales neuropsiquiátricos siguen siendo indignas.
BARRERAS EN EL ACCESO AL ABORTO SEGURO
El aborto inseguro es un problema grave de salud pública en la Argentina ya que desde 1980 es la primera causa individual de mortalidad materna. Se criminaliza la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo, lo que empuja a la clandestinidad. Si bien hay abortos que son legales desde 1921, persisten barreras para su acceso, como el abuso de la objeción de conciencia y la falta de acceso a las medicinas esenciales.
DERECHOS CULTURALES: INFORMACIÓN CADA VEZ MENOS PLURAL
En los últimos años convergieron tres tendencias negativas para el acceso universal a una información diversa y plural: aliento a la concentración de los grandes medios de comunicación comerciales, debilitamiento de los medios públicos y falta de apoyo a los medios sin fines de lucro, comunitarios y de los pueblos originarios. Estas políticas abarcan tanto la transformación –por decreto presidencial–, de las normas que regulan el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales como la aprobación por el Poder Ejecutivo de la mayor fusión empresarial del sector en la historia argentina.
DERECHOS VULNERADOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS
Las comunidades campesinas e indígenas enfrentan obstáculos estructurales para el acceso seguro a la tierra para habitar y trabajar. El agronegocio se ha expandido hacia zonas tradicionalmente periféricas, generando mayor presión sobre las tierras de esas comunidades y una creciente conflictividad territorial. Esa expansión fue alentada en los últimos años por una reducción de la presión impositiva sobre los productos primarios de exportación. También por la flexibilización de los requisitos para adquirir tierras y la ampliación de la superficie que puede estar en manos de extranjeros. Algunas comunidades enfrentan violencia y hostigamiento por parte de bandas armadas, contratadas por empresas, para que abandonen sus territorios. Esto se agrava por el incumplimiento de la Ley 26.160 y el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar.
MENOS REGULARIZACIÓN Y MÁS BARRERAS PARA LOS MIGRANTES
Los obstáculos para el acceso de las y los migrantes al ejercicio efectivo de los DESC se agravaron debido a cambios recientes en la política migratoria. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 amplió las posibilidades de detención y expulsión y aumentó los impedimentos a la regularización. Además, se cerraron los programas de abordaje territorial que buscaban facilitar la regularización. Estas decisiones tienen un impacto directo en los derechos de los migrantes porque al no tener documentación local, les es más difícil alquilar una vivienda, tener un trabajo formal, matricular los/as hijos en la escuela o recibir atención en salud, entre otras cuestiones. Además, persisten requisitos discriminatorios para que los migrantes accedan a los programas de seguridad y protección social.
Las y los migrantes que trabajan en la venta callejera y en los talleres textiles han denunciado la persecución policial y el desmantelamiento de sus lugares de trabajo, con un impacto particularmente severo en la comunidad senegalesa.