El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró como “dramática” la situación que atraviesan los jubilados que cobran el haber mínimo, quienes desde que se aplicó la ley de movilidad jubilatoria en 2017 sólo pueden cubrir el 40% de la canasta básica con los productos indispensables para su subsistencia.
La postura del Defensor del Pueblo tiene que ver con un informe que elaboró el organismo sobre el poder de compra de quienes perciben la jubilación mínima, ya sea por la Anses como por el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), en relación con la evolución de los precios durante el año.
En primer lugar, el estudio marca que Anses en septiembre aumentó la jubilación un 6,8%, ubicándose en 8.637 pesos. Una primera aproximación al aumento de precios, como el reflejado por el índice “Canasta de alimentos de la Defensoría”, que arrojó un incremento de 8,53% para el mismo periodo, muestra que los haberes jubilatorios crecieron muy por debajo del alza que registraron los productos.
A su vez, si se aplican los porcentajes de gasto de consumo para un hogar unipersonal, que surgen de la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares (ENGHo) elaborada por el INDEC, una jubilación mínima para septiembre de 2018 gastaría en salud solamente 820,52 pesos, es decir un 9,5% del total. Un sólo medicamento de 400 pesos ya insumiría la mitad de este presupuesto.
Esta pérdida del poder adquisitivo queda en evidencia si se toma como referencia el valor canasta básica de los adultos mayores o jubilados diseñada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que se ubica en 21.127 pesos mensuales, quienes cobren la mínima sólo podrán cubrir sólo el 40% de estos productos.
Esta situación se agrava en el caso de los afiliados al IPS, cuyo último aumento en julio llevó la mínima a 6.217 pesos. Si bien el porcentaje que deben pagar por salud también es del 9,5, se encuentran en una desventaja aún mayor al hacerse la comparación con la canasta básica analizada anteriormente. (InfoGEI)