A Federico Margiotta se lo vio por última vez en la mañana del 18 de agosto de 2002, en la vereda de su casa de la apacible localidad de Coronel Pringles. Tenía 13 años, padecía un leve retraso madurativo y era algo “rebelde”, como todo niño de esa edad. Si bien al principio se pensó que la ausencia era parte de una de sus travesuras, el paso de las horas generó desesperación. Transcurrió algo más de una semana hasta que fue encontrado muerto, al costado de la ruta provincial 85. Lo habían golpeado, violado y ahogado. Estaba vestido y en uno de sus bolsillos aún tenía guardado su autito preferido.
El crimen de Federico conmocionó no sólo a la ciudad de 21.000 habitantes y que sorprende por el sello del arquitecto Francisco Salamone, sino que trascendió fronteras e indignó al país. A medida que se conocían detalles del crimen y los ribetes sexuales del caso, los vecinos no salían de su asombro.
Al joven se lo llevaron mediante un engaño, y recién ocho días después un llamado telefónico anónimo advirtió a la Policía sobre el hallazgo de su cuerpo, que apareció en un lugar donde anteriormente se había buscado. Los restos estaban a la vera de la ruta, boca arriba, con un brazo tapando la cara y, a primera vista, sin rastros de violencia física.
La investigación, “desprolija e irregular” según lo determinó tiempo después la Justicia, puso en la mira a Pedro Martínez (35 años al momento del crimen), propietario de una cadena de verdulerías, y Jorge Fabrizio (53), un conocido comerciante de electrodomésticos. La punta para dar con los acusados la dieron dos hermanas, quienes declararon haber participado en la “fiesta negra” que terminó con la muerte del menor. Dijeron que fueron llevadas engañadas al sitio, donde observaron cómo abusaron de Federico. Y relataron que vieron que el chico era arrastrado hacia un vehículo. Según sus dichos, todo habría ocurrido cuatro días antes de la aparición del cadáver del menor. En consecuencia, ambos comerciantes fueron detenidos en marzo de 2005 y llevados a juicio dos años más tarde.
El fallo y su revisión
Los implicados llegaron al juicio tras las rejas. Cuando todo parecía encaminarse para una condena, una serie de deficiencias en la investigación y el testimonio de una de las hermanas, que se desdijo, hicieron trastabillar los argumentos acusatorios. La joven ante el tribunal denunció que había mentido cuando declaró que había participado de la fiesta, por temor a represalias de los investigadores.
Mientras, Fabrizio dijo que no le encontraba sentido a lo que lo llevó a estar detenido 840 días y que al otro acusado lo conocía de vista. Martínez también proclamó su inocencia y señaló que al adolescente lo había visto un par de veces porque “le había ido a pedir trabajo en la verdulería”. El fallo del Tribunal de Bahía Blanca fue absolutorio; la sala repleta de familiares de la víctima estalló contra los jueces y los acusados, quienes recuperaron su libertad.
“Queda demostrado que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres”, lanzó el fiscal en ese momento, y prometió que apelaría la medida. Los padres de la víctima, enojados por “cierto pacto de silencio” en la sociedad, siguieron adelante para exigir justicia con marchas y gestiones ante las autoridades.
Y el Tribunal de Casación, al borde de la prescripción de la causa, ordenó en 2017 un nuevo juicio. Declaró procedentes los recursos elevados por dos fiscales de Bahía Blanca y los abogados de la familia de la víctima. En su resolución, entre otros puntos, apuntaron que Fabrizio y Martínez habían mentido: el primero al negar que conocía a las mujeres con las que había participado de esa trágica fiesta sexual; el segundo porque tenía una relación laboral con el menor, quien lo ayudaba en la descarga de cajones de frutas y verduras para su comercio.
En noviembre de 2018, ambos comerciantes fueron nuevamente a juicio. Otra vez los mismos testigos, aunque esta vez la fiscalía aportó escuchas y nuevos testimonios. Uno de ellos, una mujer de 41 años, quien contó sobre fiestas sexuales en Coronel Pringles, al menos desde fines de los ’80 y con la participación activa de Fabrizio y Martínez, ya en ese tiempo. Además, dijo que ella había sido abusada por el primero de ellos cuando tenía 11 años.
El fallo, dividido, esta vez fue condenatorio: reclusión perpetua. Tras cuatro días de audiencias, se los consideró a los dos culpables del homicidio y a Fabrizio del abuso. Además, se los condenó a pagar un resarcimiento de $ 2,3 millones más intereses a la familia de la víctima.
Como llegaron libres al juicio, se los mandó a detener. A Fabrizio lo encontraron varias horas después en una cochera de Pigüé, a punto de subirse a un auto con 7.000 dólares y 40 mil pesos. Martínez intentó el mismo camino, pero días después se terminó entregando. Ambos siguieron sus días en la cárcel, reclamando por su inocencia. Mientras que los padres del menor, Donato Margiotta y Eva Noemí Molina, que encontraron cierta paz con la condena, fallecieron en julio de este año, con un día de diferencia, por culpa del coronavirus. (DIB)