El 11 de julio de l977, el obispo Carlos Ponce de León era asesinado en cercanías de la ciudad de Ramallo. Los verdugos “disfrazados” de inocentes automovilistas utilizaron la misma metodología que usaron los homicidas del Obispo Enrique Angelelli en la Rioja. Ambos prelados eran objetos de continuo seguimiento por su visión y militancia sobre los Derechos Humanos y las denuncias que venían realizando contra el Proceso Militar. En Ramallo, una camioneta de una empresa fantasma terminó con la vida de Ponce de León.
Con respecto a este hecho el Fiscal de la causa Dr Patricio Murray señaló: “está acreditado las irregularidades que se realizaron en la investigación que se llevo adelante en 1977, ya hay elementos probatorios suficientes para desbaratar lo que se trató de calificar como un homicidio culposo (accidente de tránsito con la muerte del obispo) como se lo caratulo en esa época”.
El seguimiento
El Fiscal nicoleño argumentó: “tenemos suficientes pruebas que nos indican que el obispo Carlos Ponce de León, era víctima de un seguimiento constante por los organismo de inteligencia del Estado y por agentes de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y que desde l976 estaba en manos del general Ramón Camps.
Agregó “Además era seguido por los organismo de inteligencia del Ejercito tanto del Destacamento de Inteligencia 101, con sede en San Nicolás, como su dependencia jerárquica que era el Batallón 601, con sede en la Capital Federal”.
Los documentos donde se acredita este seguimiento que era objeto nuestro obispo fueron rescatados de la DIPA y de la sede de Inteligencia del Ejercito, en su sede de la Capital Federal los mismos están depositados en la Comisión Provincial de la Memoria. Por otro lado Murray argumenta: “también existen archivos de la Cancillería y donde se puede determinar que Carlos Ponce de León era producto de persecuciones constantes”
La sentencia de muerte
En la fiscalía de San Nicolás , Murray indica que entre los documentos existe uno que fue agregado últimamente y que lleva la firma del coronel Manuel Fernando Saint Aman, jefe del área 132 y que estaba dirigido al general Guillermo Suarez Masón y donde claramente se puede anticipar lo que luego sucedería en Ramallo”.
Estos documentos rescatados por la fiscalía de San Nicolás demuestran que el asesinato de Ponce de León fue “escrito” mucho antes por los verdugos que respondían a distintos intereses. La conformación en la diócesis de sacerdotes y religiosos compenetrados con el Concilio Vaticano II y su “militancia” a favor de aquellos que no tenían voz habían sentenciado a Ponce de León.
La represión en nuestra zona fue “ideada” mucho antes y los procesistas querían borrar la memoria de un puebloLa espada y el calvario.
La orden de ejecución
No existen dudas la orden de ejecución fue dado por un cadete egresado del Colegio Militar en 1951. Se trata del teniente coronel Saint Amant (murió hace un año) en 1976 fue nombrado jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, con asiento en San Nicolás. Por entonces, ese hombre que combinaba el uniforme de fajina con unas gafas negras que lo hacían perecer un personaje salido de una película de Costa Gavras, se halló a sus anchas en su nuevo destino. Es que allí brillaban organizaciones católicas integristas como los Legionarios de Cristo Rey y Tradición, Familia y Propiedad.
Con tales grupos estaba vinculado un acérrimo enemigo del obispo, el abogado de Somisa -y, con posterioridad, defensor oficial de los Tribunales Federales- Héctor Hernández. Durante su investigación sobre la complicidad de la jerarquía católica con la dictadura, el periodista Horacio Verbitsky exhumó en el archivo de la Cancillería un esquema manuscrito -con una caligrafía idéntica a la de Hernández- en el que figuran nombres y delaciones sobre los sacerdotes de esa ciudad.
El primer informe que Saint Amant envió al jefe del Primer Cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez Mason, constituyó una virtual condena a muerte para Ponce de León. Allí, el teniente coronel consigna que en San Nicolás, «los cuadros más importantes de Montoneros y el ERP salieron de la Iglesia».
Califica al obispo y a sus sacerdotes como «lobos vestidos de ovejas». Y con respecto a la figura misma de Ponce de León señala que «hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe. No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión si no se erradican los males expresados».
Dos días antes del fatídico 11 de julio, dos agentes de inteligencia acudieron a un sanatorio bonaerense en donde estaba internado el semina- rista Nicolás Gómez. Querían saber cuándo el obispo iría a visitarlo. También preguntaron por la carpeta que Ponce de León tenía planeado llevar a la Nunciatura Apostólica.
Ya se sabe que a las seis de la mañana de ese lunes, el Renault 6 en el que iban el sacerdote y Martínez fue embestido por una pick-up Ford F100, conducida por un tal Luis Antonio Martínez, quien estaba acompañado por Carlos Sergio Bottini, un presunto hacendado que manifestó ser gerente de una empresa llamada Agropolo. Casi con certeza la noche anterior se reunión con una monja en Colón y le contó lo que iba a llevar a la nunciatura que sería la lista de los desaparecidos de nuestra región.
Ahora se sabe que Luis Martínez tenía -a raíz de un accidente automóvilístico sucedido tres años antes en González Catán- una causa penal por «homicidio culposo de un NN». Y que la firma Agropolo funcionaba en una oficina ubicada en Viamonte 1866, a metros del cuartel general del Batallón 601. Cabe destacar que, por regla, dicho organismo no permitía que alguien fuera de su control comprara o alquilara locales vecinos. No menos sugestivo es que Bottini fuera el hermano menor de Alejandro Atilio Bottini, un agente civil que prestaba servicios en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, de la cual dependía el Batallón 601.
El socio del silencio.
Hay un hecho que pinta al juez Villafuerte Ruzo por entero. En la madrugada del 17 de septiembre de 1999, al intervenir en la toma de rehenes de la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación, ese hombre enjuto y macilento departía con los máximos jefes de la Bonaerense en un aula de la escuela en la que se había constituido el Comité de Crisis. Cuando los asaltantes se disponían a emprender la retirada, un oficial le pidió instrucciones. Por toda respuesta, el magistrado palideció. Y al sonar los primeros disparos, para sorpresa de sus contertulios, se tiró boca abajo al piso.
Oriundo de San Isidro, profundamente católico, cuñado del general retirado Enrique Benjamín Bonifacio -un represor que en la dictadura fue jefe del Regimiento de Infantería de Mendoza-, Villa- fuerte Ruzo adquirió fama -además de pedidos de recusación y de juicios políticos- por obstaculizar investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.
Al respecto, ayudó hasta donde pudo condenado y ahora muerto, subcomisario Luis Abelardo Patti y también es autor de una verdadera perla procesal: culpabilizar de la apropiación de un bebé a sus propios padres, quienes fueron víctimas de la represión (caso Manuel Gonçal- ves). Su actuación en la causa por la muerte de Ponce de León -reabierta en 2006 a instancias del fiscal Juan Patricio Murray- no es menos polémica.
Víctor Martínez, quien según sus declaraciones -efectuadas en 1977 ante la Justicia ordinaria, en 1984 ante la Conadep, y en 2006, ante la Justicia Federal- sostuvo que tras el accidente habría oído la voz de Saint Amant impartiendo la orden de rematar de un culatazo a Ponce de León.
También dijo que habría permanecido secuestrado hasta junio de 1978. Algunos testigos que en esa época pertenecían a la Prefectura -en donde Martínez cumplía con el servicio militar- desmintieron esa versión. Otros, en cambio, sostienen que en ese lapso el joven «fue dejado de ser visto en los lugares que solía frecuentar». En resumidas cuentas, la discordancia de los dichos de Martínez, en relación a su primera declaración, hizo que el juez lo procesara por falso testimonio.
Las pericias
Al cadáver del Obispo Ponce de León nunca se practicó un peritaje accidentológico ni de ingeniería mecánica para establecer cómo se produjo la colisión. En ningún lado consta que se haya realizado la autopsia, aunque ni el médico policial ni un forense hicieron un examen externo del cuerpo para determinar causas evidentes de muerte que la hicieran innecesaria. Tampoco hay un certificado médico que establezca los motivos de la defunción. La clínica donde el obispo agonizaba fue rodeada por fuerzas militares y policiales y lo mismo ocurrió con la Catedral luego de su muerte, tal como había sucedido en La Rioja cuando el asesinato del Obispo Angelelli