Los secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, San Juan, Chaco y Misiones anticiparon que denunciarán el asesinato del joven rionegrino Rafael Nahuel ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se manifestaron «sorprendidos por hechos gravísimos de represión por parte de fuerzas federales -esta vez en la zona de Lago Mascardi, provincia de Río Negro-, contra una Comunidad Mapuche asentada hace tiempo en ese territorio, con la consecuencia, más grave aún, de la muerte de una persona perteneciente a la comunidad reprimida».
Al respecto repudiaron la represión, solicitaron «la intervención del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, para exigir el esclarecimiento del hecho y la pronta investigación de las responsabilidades de las autoridades, como así también proteger y brindar garantías a la Comunidad Mapuche víctima de la represión, especialmente en lo concerniente a la integridad física y la atención medica de los miembros de la misma». Le pidieron que le solicite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «el cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi».
Además, resolvieron denunciar el tema «a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una acción particular de evaluación, protección y seguimiento de la sistemática persecución a comunidades mapuche en la región de la Patagonia Argentina» y condenaron «el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad nacionales, avalado y ejecutado por las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, principalmente la ministra Bullrich, que es lesivo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, más cercano a un Estado policial que a un Estado democrático y republicano».
El texto lleva la firma de los funcionarios: Lilia Marien Marchesini (ministra de DDHH de Misiones), Hugo Raúl Figueroa (secretario DDHH de Santiago del Estero), Érica Brunotto (secretaria de Estado de DDHH de Tucumán), Délfor «Pocho» Brizuela (secretario de DDHH La Rioja), Juan Carlos Goya (secretario de DDHH de Chaco), Matías Germano (secretario de DDHH de Entre Ríos), Laura Mendez (secretaria de DDHH de Río Negro), Antonio Curciarello (secretario de DDHH de La Pampa), Nadia Astrada (secretaria de DDHH de Santa Cruz), Hernán Velárdez Vaca (director de DDHH de Catamarca), Alicia Comelli (subsecretaria de DDHH de Neuquén), Jorge Rodriguez (subsecretario de DDHH de San Juan), Nestor Sotelo (subsecretario de Protección de DDHH de Chaco), Silvia Robles (subsecretaria de Verdad y Justicia de Chaco), Julio García (subsecretario de Promoción de DDHH de Chaco) y Chochi Vazquez (subsecretario de DDHH de Misiones). Todos ellos responden jerárquicamente al gobernador de su provincia, es decir que el pronunciamiento cuenta con el aval de cada uno de los titulares de las administraciones involucradas en el documento. (InfoGEI)