Son diez imputados. De acuerdo a la acusación, el grupo comercializaba estupefacientes en las localidades santafesinas de Firmat y Chabás bajo las directivas de una persona detenida en la unidad penitenciaria porteña.
El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario Guillermo Lega solicitó la elevación a juicio de diez personas acusadas de tráfico de estupefacientes. De acuerdo a la acusación, la banda comercializaba sustancias en las localidades santafesinas de Firmat y Chabás, y su líder, Aldo César Orozco, determinaba la división de tareas desde la Unidad Penitenciaria de Devoto, en donde se encontraba detenido por otra causa del mismo tipo de delito.
La investigación se inició en marzo de 2016 como desprendimiento de otro expediente luego de que, a partir de una serie de intervenciones telefónicas, se tomase conocimiento de que varias personas comercializarían estupefacientes en las localidades de Chabás y Firmat, y quien proveería las sustancias sería un hombre llamado “César”. Luego de que se formase causa por separado, las primeras averiguaciones permitieron confirmar que el proveedor de la banda era Orozco, que ya había sido detenido en 2014 por haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y se encontraba detenido en el penal de Devoto.
De acuerdo a la acusación, la banda comercializaba sustancias en Firmat y Chabás bajo las directivas de un detenido en el penal de Devoto.
En la organización, Orozco ocupaba un estrato superior con tareas relacionadas con la provisión de grandes cantidades de estupefacientes y su posterior logística de distribución. La Fiscalía también señaló la existencia de otras personas encargadas del almacenamiento, estiramiento y fraccionamiento del material, que luego era destinado a su comercialización en los puestos de venta que estaban a cargo de otras personas de la organización.
El funcionamiento de la organización
Según el Ministerio Público Fiscal, desde su reclusión en Devoto Orozco mantenía una comunicación continua con los miembros de la organización, radicados en Firmat, Chabás y zonas aledañas. Sus subalternos realizaban a la distancia todas las conductas necesarias, decididas en función de las circunstancias concretas de cada caso, ya que era él quien distribuía los roles a cumplir dentro de la organización. Orozco se ocupó de mantener conversaciones con una mujer por medio de la cual se abasteció de grandes cantidades y habría diagramado telefónicamente para que las sustancias llegaran al domicilio de su madre, Liliana De Marco. Incluso en una ocasión llegó a indicarle que debía acopiar el material en casa de una vecina para no ser descubierta en caso de un allanamiento, tal como se desprende de las escuchas realizadas.
Otro de los miembros principales de la organización era Daniel Riera, encargado de realizar la contabilidad de la organización: guardaba el dinero recaudado y disponía de él según las órdenes de su jefe. La persona más importante en la logística de la distribución para la posterior comercialización al menudeo es un hombre identificado con las iniciales SA, y que actualmente se encuentra prófugo. La nómina de imputados se completa con Stella Maris Franco, Daniel Farina y Luciano Ocampo -presuntos encargados de la guarda del material-, y la comercializaban al menudeo Emanuel Lezcano, Juan Manuel Funes, Martín Roldán y Hermes Rosales.
Los imputados fueron detenidos en una serie de 23 allanamientos simultáneos ordenados el 28 de mayo de 2016, que incluyeron sus domicilios particulares, y donde se incautaron grandes cantidades de cocaína, marihuana, sustancias de corte y elementos de pesaje y fraccionamiento. Para el fiscal Lega, ha quedado demostrado que “los integrantes de este grupo criminal procedieron en todo momento de forma coordinada y ocupando roles específicos: desde la persona que llevaba a cabo la comercialización de la droga en un punto de venta específico, pasando por el encargado de la distribución, el responsable del almacenamiento, acondicionamiento y fraccionamiento de la droga hasta el organizador de la empresa narcocriminal”.
En su requerimiento de elevación a juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que se encuentra acreditado que “las sustancias estupefacientes que fueron encontradas en los domicilios, los acusados las tenían con un propósito distributivo. Además, confirma la hipótesis planteada el hallazgo de gran material de dinero en el domicilio de Riera al momento de efectuarse la requisa”. Lega también destacó que los elementos secuestrados fueron encontrados en poder de los imputados en sus domicilios particulares, resultando «obvio que los acusados tenían pleno poder de disposición sobre la totalidad de los mismos”:
Las calificaciones legales
Con esta evidencia, el fiscal solicitó se eleve a Orozco como organizador de una estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte y comercialización, en la que intervinieron más de tres personas de forma organizada. Riera y De Marco, en tanto, deberán responder como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención organizada de tres o más más personas.
Franco, Farino y Ocampo, en cambio, fueron señalados como responsables del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Lezcano, Funes, Roldán y Rosales, a su vez, deberán responder por el delito de tenencia de estupefacientes al momento de sus detenciones.