En la causa hay diez personas detenidas. Además, fueron incautados más de 3 millones de pesos, alrededor de 230 mil dólares, 16 mil euros y monedas virtuales equivalentes a más de 2 millones de pesos. En el expediente, se investiga la captación y acogimiento de mujeres jóvenes por parte de los responsables de al menos cuatro “Estudios Web Cam” de la empresa “Argentina Studios” para explotarlas sexualmente bajo diversas modalidades.
En el marco de una investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo interinamente de Ramiro González y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 ordenó la detención de diez personas en el marco de 20 allanamientos realizados el 13 de septiembre pasado en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario, provincia de Santa Fe.
Dentro de la causa se investiga la captación y acogimiento de mujeres jóvenes a través de ofertas laborales engañosas publicadas tanto en redes sociales como en sitios web por parte de los responsables de al menos cuatro “Estudios Web Cam”, con la finalidad de explotarlas sexualmente bajo diversas modalidades.
En los operativos realizados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fueron secuestrados 3.447.355,56 pesos; 231.374 dólares; 16.900 euros; un arma de fuego larga de combate; un chaleco antibalas; 39 teléfonos celulares; 37 tarjetas SIM; más de 44 CPUs; 28 notebooks; dos tabletas; 32 pendrives, 10 discos externos; ocho memorias externas; seis DVR, seis posnets; Además, se hallaron decenas de elementos de filmación (aros de luz, webcams, cámaras fotográficas, trípodes); elementos sexuales; lencería erótica y una máquina contadora de billetes. También se incautaron 195 gramos de marihuana, ocho pastillas de metanfetamina; una camioneta, dos motos, tarjetas de débito y crédito y numerosa documentación de interés para la causa.
A su vez, se logró la incautación de 0,26320805 BTC -bitcoin-, con una valoración de mercado aproximada de 2.240.085,56 pesos, que fueron transferidos a una billetera judicial creada a tales efectos.
De acuerdo a lo recolectado en el expediente, las empresas investigadas se encontraban vinculadas entre sí y fueron creadas con la finalidad de hacer transmisiones en vivo, streaming y fotografías con contenido erótico y sexual explícito para comercializarlo en los sitios web denominados “Chaturbate”, “Stripchat” y “Cam4”, entre otros. El contenido allí publicado les daba a los involucrados un rédito económico en monedas virtuales y dólares que se utilizaron técnicas especiales de investigación para secuestrar criptoactivos y cuentas en exchanges.
Para llevar a cabo la actividad, los estudios habrían valido de al menos de cuatro inmuebles y tres hoteles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario donde acogían a las víctimas para realizar el contenido posteriormente comercializado.
Origen de la investigación
La causa se inició en 2021 a raíz de una denuncia realizada por una ONG ante el juez federal Sebastián Casanello, en virtud de haber asistido a un grupo de jóvenes que habían solicitado ayuda. En esa oportunidad, las mujeres manifestaron haber sido víctimas de explotación sexual luego de haber participado como “modelos web cam” de la empresa “Argentina Studios”.
Casanello delegó la investigación a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y ordenó una gran cantidad de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados. Finalmente, a esa causa se le acumularon otras denuncias recibidas anteriormente en la PROTEX.
Oferta laboral engañosa
Según se pudo corroborar en la investigación, los implicados realizaban un ofrecimiento inicial donde prometían importantes ganancias económicas en dólares que rondaban entre los 600 y los 1000 dólares mensuales como mínimo. Para ello, las mujeres debían estar frente a la cámara durante jornadas de 8 horas -con media hora de receso- durante seis veces por semana y con libertad en el contenido de las grabaciones. En este ofrecimiento inicial, se les explicaba que no debían realizar necesariamente contenido erótico, si no que podían hablar, tocar la guitarra o bailar. Luego de entrevistarse, debían firmar un “contrato de colaboración” en donde estaban estipuladas las presuntas condiciones contractuales.
La organización contaba con personal que oficiaba de oficina de recursos humanos -que se encargaba de los pagos y el reclutamiento-; los “monitores”, que eran quienes controlaban las transmisiones de las modelos; y los coachs, capacitadores y personal que se encargaban de realizar el “social media”.
Sin embargo, una vez que ingresaban a la “empresa”, se encontraban con una situación completamente diferente a la que les habían ofrecido. Según declararon las víctimas, una vez que firmaban el contrato, las grabaciones, fotografías y temáticas eran establecidas por el personal del estudio. Además, estaba estipulado un sistema extremo de control de las transmisiones, por parte de los “monitores”, que impartían directivas de cómo debían desarrollarlas. De esta manera, las jóvenes tendrían limitada su capacidad de autodeterminación respecto de lo que podrían hacer o no hacer, del mismo modo que su libertad de obrar según su propia voluntad.
De acuerdo a lo recolectado en el expediente, las empresas investigadas se encontraban vinculadas entre sí y fueron creadas con la finalidad de hacer transmisiones en vivo, streaming y fotografías con contenido erótico y sexual explícito para comercializarlo en los sitios web denominados “Chaturbate”, “Stripchat” y “Cam4”, entre otros. El contenido allí publicado les daba a los involucrados un rédito económico en monedas virtuales y dólares que se utilizaron técnicas especiales de investigación para secuestrar criptoactivos y cuentas en exchanges.
Esto implicó para las víctimas cada vez más exposición, lo que excedió ampliamente el requisito del erotismo e incluyó escenas de sexo explícito durante las trasmisiones y la utilización de un dispositivo vibrador vinculado de manera remota con los usuarios de las plataformas. De acuerdo a lo que contaban las víctimas, desde la empresa tenían un lema: “si el cliente lo paga, debés hacerlo, y más, si sos ‘nueva’”. Finalmente, las jornadas de video superaban las ocho horas pautadas y con un pago quincenal muy inferior al prometido.
Si bien los estudios estaban equipados con alta tecnología para llevar a cabo la actividad, las víctimas no contaban con agua caliente ni calefacción, “padecían” estar en ropa interior o desnudas en época invernal y debían bañarse con agua fría tras llevar a cabo “shows con líquidos como aceite o leche».
Multas y sanciones
Con respecto al pago, el 50% de los ingresos obtenidos se los quedaba la plataforma donde se desarrollaba el streaming. El porcentaje restante era distribuido en partes iguales entre el estudio y la modelo. Sin embargo, las víctimas también denunciaron un sistema de descuentos en función de las multas y sanciones, las cuales se generaban con habitualidad, lo que llevaba a que el pago final fuera ínfimo o nulo. Todo esto ocurría en un contexto de violencia verbal, psicológica y física en el que les exigían su obediencia y acatamiento sin límites.
Las víctimas detallaron que sufrían grandes descuentos por llegadas tarde o ausentismo, por no alcanzar los objetivos de recaudación diaria, por no asistir a capacitaciones, que se llevaban a cabo fuera del horario laboral -generalmente de madrugada- e incluso por “no tener carisma” o no mostrar buena predisposición para las transmisiones o en las sesiones de fotografía.
Además de las multas, se aplicaba como sanción la imposición de “horas”, que debían recuperar en función de determinada infracción. Por ejemplo, si llegaban tarde una hora, debían recuperar tres veces ese tiempo. A su vez, eran sancionadas por comer o tomar agua, no se les permitía salir de la habitación fuera de horario ni interactuar con sus compañeras y contaban con uno o dos días por menstruación que luego debían recuperar.
En ese sentido, la empresa tenía en cuenta la cantidad de horas que «debían» y se establecía que las modelos podían usar el franco rotativo que tenían para “recuperar”. En esas ocasiones, se les inducía el consumo de drogas para poder mejorar el rendimiento.
Los testimonios dieron cuenta que durante las transmisiones en vivo se les recordaba que estaban en deuda y que, en caso de querer renunciar, no podrían hacerlo sin saldarla. Además, en algunos casos, fueron amenazadas con la divulgación del contenido a sus familiares.
Con respecto al pago, el 50% de los ingresos obtenidos se los quedaba la plataforma donde se desarrollaba el streaming. El porcentaje restante era distribuido en partes iguales entre el estudio y la modelo. Sin embargo, las víctimas también denunciaron un sistema de descuentos en función de las multas y sanciones, las cuales se generaban con habitualidad, lo que llevaba a que el pago final fuera ínfimo o nulo. Todo esto ocurría en un contexto de violencia verbal, psicológica y física en el que les exigían su obediencia y acatamiento sin límites.
Un caso puntual de endeudamiento inducido consistió en la compra de un aparato vibrador que inicialmente fue abonado por la empresa y luego descontado a las víctimas. Además, los usuarios de las plataformas web podían pagar un canon -activo virtual llamado token que tiene un valor de 0.05 a 0.25 centavos de dólar- para solicitar y requerir determinado servicio e incluso manipular la intensidad de ese dispositivo vibrador. En determinados casos, como modo de saldar las deudas, se les daba también como opción realizar “pases” presenciales con usuarios.
La organización contaba además con personas dedicadas al aleccionamiento de las mujeres víctimas a través de diversas estrategias. De esta manera, intentaban obtener una mayor producción y, por lo tanto, mayores beneficios económicos. En esa línea, cabe destacar la “colaboración” de psicólogos, encargados de “brindar contención” a las víctimas. Cabe resaltar que la información confiada a esos “profesionales” era divulgada al personal del estudio, quienes la utilizaban para amedrentar a las víctimas.
Por otra parte, una víctima denunció que quedó embarazada y desde el estudio le dijeron que, por su edad, no era redituable que siguiera con el embarazo y le suministraron el contacto para obtener pastillas abortivas. Como no la dejaron faltar, debió realizar un streaming mientras cursaba el aborto, el cual también fue filmado por una cámara para luego ser comercializado en la Deep web. Finalmente, varias denunciantes aseguraron que eran habituales los comentarios relacionados al físico de cada una, como así también eran insultadas, agredidas y humilladas.