Departamento General López: Rechazaron un pedido de prisión domiciliaria para el jefe de la asociación ilícita que cometió las megaestafas inmobiliaria

Se trata del abogado Antonio Di Benedetto, a quien en 2022 se le impusieron 12 años de prisión en un juicio oral y público. El tribunal no hizo lugar a la morigeración de las condiciones de detención solicitadas por la Defensa porque no se pudo comprobar que el estado de salud del detenido se haya agravado en el último tiempo. La audiencia en la que se dispuso la continuidad del cumplimiento efectivo de la pena se realizó de forma remota esta mañana en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal que representó a la Fiscalía es Mayra Vuletic.

Se rechazó un pedido para que el jefe de la asociación ilícita que cometió las denominadas megaestafas inmobiliarias en el departamento General López acceda a la prisión domiciliaria. Se trata de Antonio Di Benedetto, de 66 años, quien en 2022 fue condenado a 12 años de prisión, pena que el año pasado fue confirmada en segunda instancia.

La audiencia en la que se decidió que Di Benedetto continúe cumpliendo prisión efectiva se realizó esta mañana de manera remota en los tribunales de Venado Tuerto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

La morigeración del modo de ejecución de la pena había sido solicitada por la Defensa y cuestionada por la Fiscalía. La fiscal que representó al Fiscal en la audiencia es Mayra Vuletic.

Salud

Vuletic indicó que «el tribunal sostuvo que las condiciones de salud del condenado no se agravaron en el último tiempo». Al respecto, explicó que «se tuvo en cuenta el informe de una Junta Médica Forense que, tras analizar estudios médicos de Di Benedetto, no pudo corroborar patologías certeras y, por ende, tampoco su cronicidad».

«Si bien los profesionales que analizaron el cuadro del condenado detectaron que padece afectaciones en su salud mental, se trata de cuestiones que pueden ser tratadas adecuadamente mientras cumple la pena en un establecimiento penitenciario», especificó.

«Desde la Fiscalía, remarcamos que no estaba acreditada ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 del Código Penal de la Nación para justificar la prisión domiciliara», señaló la fiscal.

Inmuebles

Vuletic recordó que “bajo las directivas de Di Benedetto, la organización criminal operó de forma permanente y estable durante años», y detalló que «entre los integrantes, había abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”.

“El objetivo de la asociación ilícita era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de inmuebles ubicados en el sur provincial, cuyos dueños eran ancianos o ya habían fallecido”, apuntó la representante Fiscal.

“Para llevar a cabo las estafas, el grupo delictivo confeccionaba los instrumentos jurídicos que necesitaba para transferir los inmuebles a nombre de otras personas, sin que los verdaderos propietarios brindaran su consentimiento”, resaltó.

Otras estafas

Di Benedetto fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitado para ejercer su profesión por 10 años y debió pagar una multa de 2.340.000 pesos. La pena se le impuso como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica.

A su vez, el condenado está acusado por otras 31 maniobras fraudulentas cometidas con la misma modalidad delictiva que se abordaron en una segunda investigación.

Otras personas condenadas

En el debate oral en el que fue juzgado Di Benedetto, también fueron condenados dos miembros de la asociación ilícita: Raúl Alberto Jaime y Marcelo Jesús Sava.

Por otro lado, mediante juicios de procedimientos abreviados, fueron condenadas otras 12 personas involucradas en las megaestafas. Se trata de Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo y Marcelo Ariel Rodríguez.

Por su parte, un hombre y dos mujeres –cuyas iniciales son JLM, FDCU y AKT, respectivamente–, que fueron investigados penalmente por las maniobras delictivas se sometieron a suspensiones de juicio a prueba.