La fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Córdoba, María Ángeles Ramos, el fiscal general de esa provincia Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta requirieron este lunes el llamado a declaración indagatoria de 154 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos en él ámbito del III Cuerpo del Ejército antes y durante la última dictadura cívico militar.
La base fáctica sobre la cual el Ministerio Público formuló el requerimiento son 300 casos que involucran los delitos padecidos por 520 víctimas. La pieza, de 759 páginas, es el resultado de un trabajo de reformulación y reorganización de las presentaciones previas de la fiscalía, producto de un nuevo análisis del cuadro probatorio y de los voluminosos expedientes en trámite. El escrito fue presentado en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro.
Como no todos los casos fueron atribuidos a algunos de los imputados pues los identificados hasta ahora como ejecutores o partícipes en esos hechos han fallecido, la fiscalía requirió que se los investigue en el marco del derecho a la averiguación de la verdad. «Teniendo en cuenta que la hipótesis de esta Unidad es que esos hechos fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático que llevó a cabo el Estado Argentino contra la población civil, corresponde profundizar la investigación de esos hechos a efectos de establecer, tanto su existencia, como quienes participaron en su comisión», indicaron la y los representes del MPF, pues «no se puede descartar en esta instancia que en el curso de la investigación pueda surgir la participación de otras personas».
Las imputaciones formuladas fueron encuadradas en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada, homicidio agravado, desaparición forzada de personas seguida de muerte, robo agravado, lesiones graves, aborto y encubrimiento.
Ataque generalizado y sistemático
«Todos los hechos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Generalizado, porque fue un ataque a gran escala, dirigido contra una multiplicidad de personas. No se trató de un hecho aislado cometido por un autor aislado, por iniciativa propia y contra una víctima aislada. Sistemático, porque respondió a un plan metódico esto es, una acción repetida y continuada de actos inhumanos conexos, delineado desde las más altas esferas del Estado», señaló la fiscalía.
En tal sentido, explicó que ese ataque generalizado y sistemático estuvo encabezado antes del golpe de Estado y -fundamentalmente en 1975- por el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2), que para tal fin operaba con una doble modalidad: por aplicación de la ley 20.840, que incluía «penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones», con intervención del Poder Judicial de la Nación; y de manera clandestina.
En el primer caso, el D2 realizaba investigaciones que daban origen a sumarios, con intervención de jueces federales, que «en su mayoría fueron ilegales», pues «en algunos casos no contaban con orden de detención y/o allanamiento; en otros, esas órdenes tenían como origen información extraída previamente bajo tortura», puntualizó la representación del MPF.
En la modalidad clandestina, quienes actuaban lo hacían de civil y, «una vez ubicada la víctima, sin ningún tipo de explicación, era vendada, esposada y conducida en vehículos a las dependencias del D2», agregó.
En la etapa previa al golpe de Estado, los centros clandestinos de detención utilizados para la represión ilegal fueron fundamentalmente el mismo D2 y el «Campo La Ribera», sede oficial de una cárcel militar. La fiscalía refirió que existieron otros lugares que funcionaron de la misma manera, como el “Destacamento Pilar”, el “Chalet o Casa de Hidráulica”, la Comisaría de Río Cuarto, la Comisaría de Bell Ville y la Comisaría de Villa María.
A partir del golpe de Estado, el esquema de centros clandestinos de detención se completó con los denominados «La Perla» y «La Perla Chica o Malagueño», que eran junto con «Campo La Ribera» los tres lugares en los que operaba el personal militar y civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, precisó el dictamen.
«El modus operandi implementado por las fuerzas represivas para efectuar los secuestros de las víctimas con posterioridad al golpe no varió sustancialmente, aunque a diferencia del personal de D2, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 sólo procedieron de manera clandestina», señaló la fiscalía.
Un número importante de víctimas sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fueron conducidas a la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba, también escenario de los delitos cuya investigación fue promovida por la Unidad Fiscal.