En el mediodía de hoy se cumplieron cincuenta días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez, mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen.
Desde el primer día, su familia y distintos organismos de derechos humanos pedimos que se lo busque y que se investigue si Gendarmería Nacional tuvo algo que ver con su desaparición. Hubo resistencias para investigar de manera exhaustiva esta posible responsabilidad estatal. Las medidas que deben ser tomadas con urgencia en los primeros momentos, para confirmar o descartar la responsabilidad de agentes estatales en la violación de derechos humanos, se hicieron con demora. Además, transcurrieron varias semanas para que comenzaran a realizarse medidas de búsqueda de magnitud. Este tipo de casos tienen dificultades específicas pero éstas no debieran ser obstáculos imposibles de sortear. Que luego de estos 50 días no sepamos todavía dónde está Santiago ni qué le pasó es un fracaso del Estado en la obligación de llegar a la verdad.
A las dilaciones que impidieron encarar una investigación inmediata acorde a la gravedad del caso, se sumó durante buena parte del tiempo transcurrido desde el 1 de agosto la estrategia del gobierno nacional de centrarse en instalar hipótesis inconsistentes, negar la participación de la Gendarmería en los hechos, maltratar a la familia de Santiago y buscar desacreditar a la comunidad mapuche.
Durante semanas, el Ministerio de Seguridad ocultó información relevante para comprender qué pasó durante el operativo de la Gendarmería Nacional. En la medida en que todas las hipótesis que ponía en circulación se demostraron fallidas, el Ministerio comenzó a aportar de manera desordenada y siempre incompleta información que tenía tempranamente. Así, más de un mes después, quedó claro que, como lo había denunciado la comunidad, el operativo de la Gendarmería fue violento y repleto de irregularidades. Durante semanas, el gobierno lo ocultó y hasta el día de hoy no explicó por qué.
Esta estrategia de especulación informativa no es inocua: defender a una fuerza de seguridad, primero antes de haberla investigado y luego ocultando información que el Ministerio tenía disponible, además de desinformar a la sociedad brindó un fuerte mensaje de apoyo político y corporativo a esa fuerza de seguridad. Desinformar y avalar un operativo ilegal y violento es todo lo contrario a ponerse a disposición de una investigación de estas características, con más razón si el objetivo es descartar toda responsabilidad de agentes estatales en una desaparición.
El 7 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada concedió a pedido del CELS una acción urgente en la que le requirió al Estado argentino tomara medidas urgentes para buscar y localizar a Santiago Maldonado. También le pidió al Estado que garantizara a sus familiares una plena participación en la investigación, dándoles acceso directo a toda la información disponible. Estos requerimientos fueron incumplidos. Por este motivo realizamos esta segunda presentación al Comité.