En línea con lo solicitado por la fiscal federal Josefina Minatta, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó el viernes 12 de junio la declaración indagatoria de un grupo de personas por la violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, delito previsto en el artículo 205 del Código Penal.
La representante del Ministerio Público Fiscal había instado también a que los imputados -que se encuentran alojados en el Hospital de Colón provincia de Entre Ríos por estar contagiadas de coronavirus- entreguen sus celulares, luego de que el intendente de la localidad entrerriana y funcionarios locales denunciaran que subieron “fotos provocativas” a las redes sociales y comportamientos contrarios “a la concientización que sanitariamente se requiere para prevenir, en un esfuerzo mancomunado, la propagación de esta epidemia”.
La investigación -delegada en la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Minatta- se inició tras la denuncia realizada el 5 de junio de 2020 por el intendente municipal de Colón José Luis Walser. La presentación daba cuenta de que un grupo familiar ingresó a la ciudad el 20 de mayo, proveniente de Buenos Aires, y fijó domicilio en la vivienda particular. Sin embargo, la médica encargada de hacer el seguimiento de la cuarentena plasmó su preocupación en un informe luego de no poder contactarse con la familia; a eso se sumaron audios donde reconocerían su transgresión al aislamiento obligatorio y que personal policial tampoco pudo dar con ellos en su domicilio.
Festejos y roturas
La fiscalía federal reseñó en su dictamen que la directora del Hospital Colón manifestó ayer que junto a la familia en cuestión se había aislado allí a varias personas con resultado positivo de Covid-19, principalmente por el «antecedente de violación a la cuarentena por algunos de ellos». Según esa presentación, en la noche del 9 de junio “los pacientes pidieron pizzas y helados, corrieron de lugar el mobiliario del hospital, generaron suciedad en el lugar de aislamiento y subieron fotos provocativas a las redes sociales, mostrándose divertidos y en clima festivo durante su internación”.
Un integrante de la familia en cuestión fue incluso denunciado ante la justicia provincial por el delito de daños, tras presuntamente haber arrojado su celular contra una pared y romper un vidrio del edificio. El mismo día y por esa situación el intendente se puso en contacto con la fiscalía, desde donde se ordenó que todas las personas sean advertidas sobre su obligación de dar estricto cumplimiento a las pautas sanitarias y que su incumplimiento recae en los artículos 205 y 239 del Código Penal.
Imputación e indagatorias
En ese contexto, la fiscal federal solicitó al juzgado federal que disponga la “urgente e inmediata citación a brindar declaración indagatoria”, de ser posible mediante videoconferencia y “contemplando el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU 260/20, 297/20 y modificatorios”. También requirió que se libre una orden de presentación para que las personas notificadas en el hospital “hagan inmediata entrega de los teléfonos celulares con que cuentan”, a fin “de hacer cesar los efectos de su conducta, que resulta prima facie constitutiva del art. 205 del CP”.
El decisorio del juez federal Pablo Andrés Seró fue notificado el viernes mismo. El magistrado dispuso que las indagatorias se reciban por ZOOM al término del aislamiento, lo que deberá ser informado por el Hospital.