El titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y la auxiliar fiscal Mercedes Galli, dieron inicio este lunes a la primera parte del alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2, en el juicio a Marcelo D’Alessio, el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone, Claudio Oscar Álvarez y el ex integrante de ese organismo Hugo Rolando Barreiro, por tentativa de extorsión. «Vamos a mostrar la gran obstinación en llevar adelante las conductas reprochadas, las graves consecuencias que esta maniobra provocó no sólo a la víctima sino a su grupo familiar y a sus allegados, el enorme daño institucional ocasionado por personas que aparentaron ser funcionarios públicos o, peor aún, por aquellos que siendo servidores públicos con su actuación ilegal contrariaron severamente la misión que les fue confiada», dijo el representante del MPF.
El turno de la exposición de la fiscalía llegó luego del alegato de la querella. Lucian destacó que «esta acusación se ha nutrido de toda la actividad del debate, tanto de la prueba producida en las diferentes audiencias, como la relevante prueba incorporada por lectura. Deseamos dejar asentado que existe absoluta correlación entre los hechos concretos que motivaron el inicio de estas actuaciones por los cuales fueron intimados al momento de prestar declaración cada uno de los imputados, y la correspondiente requisitoria de elevación a jucio».
En efecto, al introducir el caso Luciani puso de relieve que «en concreto, se trataba de un particular que, según se acreditó fehacientemente en este expediente no revestía la calidad de abogado, ni tampoco de agente de la DEA ni de ninguna fuerza de seguridad. Es más, hasta el día de hoy y luego de desarrollado este juicio oral y público se no se conoce qué actividad lícita realizaba el señor D’Alessio. A pesar de esto, logró contaminar de manera ilegal, fluida y subrepticia la actuación de dos agentes de inteligencia -uno en actividad y otro retirado- y de un fiscal provincial».
El fiscal general valoró que los dos agentes de inteligencia «debieron velar por la seguridad interior y exterior de la Nación como les demandaba la Ley de Inteligencia Nacional y no desplegar conductas contrarias a sus fines», mientas que «un fiscal provincial, que con la falsa excusa de seguir investigando un hecho grave, juzgado en el año 2012 [en referencia al triple crimen de General Rodríguez], cuando ya no tenía ninguna investigación en curso, utilizó un legajo fiscal para camuflar fines espurios, alejado de los deberes de desempeñar sus funciones con probidad, corrección y lealtad en defensa de los intereses de la sociedad. Utilizó el poder confiado y abusó de él contradiciendo los estándares de integridad de la conducta que se exige como fiscal, justamente para que la objetividad no se vea socavada por nada ni por nadie».
En ese sentido, Luciani puso énfasis en los valores que guiarán la exposión, que continuará el próximo lunes durante unas cinco horas más: «Esta forma de proceder -dijo en referencia a Bidone- pulverizó la confianza que se deposita en los fiscales en una sociedad democrática. Y con ella, la misión insustituible de los fiscales, que deberán realizar su tarea con transparencia y objetividad, y principalmente libre de toda atadura que los pueda condicionar».
Remarcó al respecto «la importancia de que los fiscales, tanto individualmente como de manera colectiva, respeten y honren sus funciones como un mandato público y luchen por incrementar y mantener la confianza en un sistema judicial. Porque lo que se pone en juego son los valores de la independencia, la objetividad, la integridad, la corrección, la equidad, la competencia y la diligencia; principios esenciales para el desempeño de las funciones de cualquier fiscal».
«La integridad es más que una virtud; es una necesidad. La sociedad espera una conducta virtualmente irreprochable, fuera de toda duda, porque la confianza en los fiscales se basa en su integridad, en su rectitud. La fortaleza de las instituciones y los altos niveles de integridad de sus magistrados permitirán transmitir confianza y credibilidad a la sociedad acerca de la intervención oportuna de la justicia. Estos, señores jueces, serán los valores, los estándares infranqueables con los que se analizará este caso», apuntó.
Los hechos
La disertación de la fiscalía continuó con el desarrollo de los hechos hasta que se vio interrumpida por un problema técnico relativo a la conexión de internet de uno de los miembros del tribunal, que dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 5 de julio a las 8.00.
En casi dos horas de exposición, el fiscal y la auxiliar fiscal realizaron un desarrollo cronológico de los hechos que son centro de debate. Luciani recordó que la causa tuvo inicio “en la denuncia que presentó Gabriel Traficante ante la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad. En síntesis, allí manifestó que entre el 2 de noviembre y 19 de diciembre del 2016 había sido víctima una extorsión por parte de una persona que identificó como Marcelo Sebastián D’Alessio”.
En este mismo sentido, el fiscal general señaló que para intimidar a Traficante, D’Alessio “se había valido de distintos medios. El envío de un listado de llamadas entrantes y salientes de su registro telefónico, la presión ejercida por personas allegadas, entre otros medios que fueron utilizados». Asimismo, el fiscal sostuvo que los acusados «llevaron adelante una maniobra ilícita que consistió en exigir de manera coactiva sumas de dinero” a la víctima “con el aparente motivo de emplear ese dinero para pagar a funcionarios judiciales para desvincularlo de una causa penal donde supuestamente se encontraba imputado». También señaló que D’Alessio «habría invocado haber ejercido cargos públicos principalmente como presunto agente de la AFI», a pesar de que no era agente, ni miembro de las fuerzas de seguridad.
Luciani calificó el envió del listado de llamadas entrantes y salientes como un acto que apuntaba atemorizar a Traficante. También sostuvo que D’Alessio engañó a Traficante afirmando que «ese informe se había recabado en el marco de la investigación de las mafias de los contenedores. Cuando todos sabemos que esto no era así». Señaló que el principal acusado le dijo a la víctima que «un testigo reservado iba a involucrarlo».
Por su parte, la auxiliar fiscal Galli profundizó sobre el paso a paso de las maniobras extorsivas y se refirió al segundo encuentro entre D’Alessio y Traficante. Según detalló la funcionaria, el principal acusado le afirmó a Traficante que Barreiro «podía ayudarlo». «Esto es de sumo interés porque sería la primera vez que el señor Barreiro fue mencionado en el marco de esta maniobra; como se verá en todas las oportunidades en las que intervino activamente el señor Barreiro, las intervenciones estaban vinculadas a reforzar el poder coactivo de la exigencia dineraria”, indicó Galli.
«Asimismo, en esa oportunidad D’Alessio volvió a referirle a Traficante que si toda esta situación avanzaba sería mencionado en diferentes publicaciones periodísticas. Puntualmente le dijo que se estaban preparando notas sobre dos empresas vinculadas a él”, explicó la auxiliar fiscal sobre las maniobras coactivas.
Galli señaló que Traficante refirió que, entre el 7 de noviembre 25 de noviembre, D’Alessio habría intentado contactarlo en varias oportunidades mediante WhatsApp y que la víctima no respondió estos mensajes. De esta manera, la fiscal auxiliar detalló que D’Alessio contactó personas allegadas a él y que intentó ejercer influencia en estas personas, amedrentándolas para que accediera al pago de exigencia dineraria ilícita. Tambien indicó que D’Alessio dijo a allegados a la víctima que saldría una nota en el diario Clarín sobre el señor Traficante.
Por otro lado, Luciani se refirió también al accionar irregular de Bidone y señaló que se constató “una irregularidad muy grave que además resulta inexplicable. Consiste en que Bidone efectuó el pedido de registro de llamadas telefónicas de Traficante en relación a una Investigación Penal Preparatoria (IPP) con el numero equivocado”. A su vez, señaló: “Más llama la atención que ese informe fuera agregado en un legajo fiscal absolutamente secreto».
«La opacidad de este proceder dentro de todo el cuadro probatorio de ninguna manera consigue transparentarse con las insuficientes explicaciones brindadas por Bidone, ni tampoco por ningún elemento de prueba en esta causa», sostuvo Luciani. Añadió que el accionar de fiscal expone «un patrón de conducta contraria absolutamente a la normativa imperante, que bien conocía Bidone».