Télam – Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores definirán en la sentencia que darán a conocer el 6 de febrero, si consideran que las pruebas presentadas en el juicio que se cerró el último jueves con los alegatos de las partes demostraron que Fernando Báez Sosa fue asesinado a partir de un plan ideado y ejecutado por los acusados de matarlo a golpes, o si la evidencia indica que su muerte el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell fue el final no deseado de una agresión desmedida tras un incidente menor ocurrido minutos antes. 
En caso de entender que fue un homicidio planeado, los magistrados María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia tendrán que precisar además si consideran que los ocho imputados actuaron como un bloque, si hubo o no roles diferenciados en el ataque a la víctima, y si en base a eso pueden establecerse grados de responsabilidad penal y condenas distintos.
Los jueces resolverán en su fallo si a todos los acusados les corresponde la prisión perpetua -como solicitaron la fiscalía y los abogados de la familia de Fernando-, si solo alguno de ellos recibe esa sentencia, o si el hecho se encuadra en una figura más leve -como pidió la defensa, a cargo de Hugo Tomei- y reciben una pena menor, que incluso podría significar la salida de la cárcel casi inmediata, por los casi tres años que llevan con prisión preventiva.
La sentencia se dará a conocer el primer lunes de febrero a las 13, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de Dolores, donde el último 2 de enero se puso en marcha el juicio a los acusados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
Los ocho llegaron a juicio imputados por «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», y el mismo delito fue sostenido en sus alegatos de cierre del último miércoles por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, y en ambos casos pidieron perpetua para todos en calidad de coautores.
La acusación fue rebatida por el defensor Hugo Tomei, quien pidió la absolución o que el hecho sea encuadrado como un «homicidio en riña», que prevé una pena máxima de seis años de prisión, y también fue rechazada por los propios imputados, quienes en su últimas palabras ante el tribunal pidieron perdón a la familia de Fernando y negaron la intención de matar.
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