Casilda y su zona realizarán un paro en defensa de la producción

La medida se hará efectiva el miércoles próximo, de 9 a 14, en distintas localidades del departamento Caseros. Habrá movilización y acto.

La crítica situación económica del país, que afecta la actividad productiva y pone en riesgo centenares de puestos de empleo en Casilda y la zona, movilizó a organizaciones gremiales que convocaron para el miércoles 12 de este mes a un paro regional de actividades con movilización para exigir cambios en las políticas de «ajuste» implementadas por el gobierno nacional.

La medida, que se desarrollará de 9 a 14 en distintas localidades del departamento Caseros y tendrá como epicentro a su ciudad cabecera, Casilda, donde se desarrollará un acto previsto para las 11, surgió del Foro en Defensa de la Producción y el Trabajo en el marco de un encuentro organizado en el salón de reuniones de Amsafé Caseros por la Intersindical Casilda y del que también participó la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA).

Lo resuelto inaugura un nuevo capítulo del plan de acción que fue impulsada hace algunos meses en esta localidad casildenses en plena «pelea» contra la reforma previsional y el pacto fiscal.

Esa movida inicial, que tuvo como principal visibilización en el sur santafesino una caravana de protesta que confluyó en Rosario, marcó un camino de «unidad y lucha» que se intenta fortalecer al salir nuevamente a la calle en busca de respuestas ante la difícil coyuntura socioeconómica.

En Casilda y la zona, la compleja situación ya se tradujo en cierre de comercios e industrias y centenares de despidos que afectaron a trabajadores en blanco e informales. Y a ello se suman decenas de establecimientos industriales que se mantienen en pie con jornadas de trabajo reducidas por falta de ventas y para abaratar los costos de producción, fundamentalmente a causa del «tarifazo» en los servicios.

Si bien la problemática se viene dando desde hace un tiempo, todos los indicadores de la realidad muestran que el panorama se agravó al punto que crecieron las necesidades sociales, lo que va a contramano de la pujanza que históricamente caracterizó a estas comunidades de la Pampa Gringa cuya economía está fuertemente ligada a la actividad agrícola.

Las entidades gremiales que resolvieron parar y marchar para hacer oír su descontento suscribieron un documento donde manifiestan un «enérgico» rechazo a «las medias de ajuste fiscal anunciadas» por el gobierno nacional así como «el desmantelamiento de los ministerios que nos empujan al pasado, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento de las tarifas y los alimentos, las reformas laborales y previsionales, y la sumisión a los intereses de una casta judicial y mediática que nos toma como imbéciles».

Asimismo, achacaron al actual modelo económico estar provocando «un artero ataque a la capacidad de consumo de los salarios», y se manifestaron en contra de «cualquier iniciativa de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna para reprimir las voces que se manifiestan en disonancia con las políticas liberales».

Y como salida a la crisis instaron a «producir espacios y horizontes políticos que fortalezcan la presencia del Estado para regular los mercados financieros y el flujo de capitales especulativos», al tiempo que proponen «la creación de organismos públicos que controlen a favor de los intereses de las mayorías trabajadoras y productivas, el comercio exterior de divisas y mercancías». También exigen «la repatriación de los capitales argentinos depositados en paraísos fiscales para que fortalezcan la moneda nacional», además de, entre otras consideraciones, abogar por «un Estado fuerte cuya voluntad y presencia incorpore a todos los argentinos a la estructura productiva» y velar para que «transforme en desarrollo el fruto del esfuerzo de los trabajadores y productores» a fin de propender al «interés común» .

Asimismo, advirtieron que «ganar elecciones no da derecho» a atentar contra los intereses de la «ciudadanía» y plantearon que «un país posible para todos se hace en base a acuerdos que fortalezcan políticas de Estado en salud, educación, trabajo y producción».

Ideas en común

Al ser consultado sobre lo definido en el encuentro, el secretario general de Amsafe-Caseros, Armado Yualé, destacó la importancia del espacio que se conformó con la vista puesta en «converger en ideas comunes que podamos llevar adelante más allá de las particularidades de cada sector», al tiempo que rescató la necesidad de «poner a la política en el centro de la escena» para encauzar las demandas y prevenir posibles desbordes sociales.

El gremialista instó al gobierno nacional a «focalizar donde está el verdadero problema ya que la pata floja no es el déficit fiscal sino el frente externo y allí es donde el Estado debe ejercer un poder regulatorio, que no está haciendo, para cuidar la estructura económica».

También Federación Agraria

En tanto, el presidente de la filial casildense de Federación Agraria Argentina (FAA), Fabricio Cervigni, acusó al gobierno de aplicar políticas que «solo favorecen» a los grupos económicos «concentrados» del sector del agro en detrimento de los pequeños y medianos chacareros. «Teníamos algunas expectativas con la cosecha de trigo y nos encontramos nuevamente con las retenciones sin hacer ninguna diferenciación, por lo que los pequeños productores de la zona terminarán alquilando el campo para no perderlo».

En representación de la Corriente Clasista y Combativa, Daniel Scopeta dijo que «el gobierno pretende que la crisis económica, que también ya es política, la paguen los sectores que no la generaron».

Metalúrgicos en problemas

Por su parte el secretario general de la UOM Casilda, Juan Storlini, sostuvo que «el gobierno está desorientado al punto que aplica recetas que tanto le criticó a la anterior (administración) como retenciones a las exportaciones y precios cuidados». Y en esa línea aseguró que «la situación en el sector metalúrgico es cada vez peor y lamentablemente no vislumbramos que pueda mejorar», al tiempo que vaticinó «un fin de año complicado», para luego sostener que «abrirle los ojos al gobierno» es una forma de evitar problemas mayores.

Emiliano Scopetta, de ATE, subrayó que «como Intersindical (Casilda) hicimos un camino y el hecho de que hoy se estén incorporando otros sectores vinculados a la producción de la zona es una señal de que la situación se agravó». Y en esa línea indicó que en esta zona del sur santafesino «donde tendrían que estar abundando los brotes verdes que prometió el gobierno nos encontramos actualmente con pibes que están yendo a la escuela en busca de una ración de comida. Estas políticas favorecen a los grandes terratenientes y a los bancos mientras los trabajadores y los sectores de producción estamos cada vez más complicados».(La Capital)