Una mujer policía acusada de haber abusado de su hija de 9 años en Casilda, y que estaba detenida desde noviembre de 2018 con prisión preventiva, seguirá privada de su libertad aunque con arresto domiciliario. La decisión generó fuerte rechazo en la sociedad casildense y en organizaciones como el colectivo Ni Una Menos de esa ciudad.
La resolución fue firmada por la jueza Mariel Minett en el marco de una audiencia en la cual hizo lugar al pedido de la defensa para que la imputada cumpla en su casa de barrio Yapeyú la extensión de la medida cautelar que, inicialmente fijó por 70 días y ahora prorrogó por tres meses más.
Si bien el fiscal de la causa, Emiliano Ehret, pretendía que la incriminada continuara detrás de las rejas, la magistrada optó por el requerimiento de morigerar su prisión preventiva mientras sigue enfrentando el proceso en el que se le achaca el delito de «abuso sexual agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente en concurso real con corrupción de menores agravado por el vínculo».
El caso, del que dio cuenta oportunamente LaCapital, no sólo generó una fuerte conmoción en Casilda y la región por el rechazo social que implica el hecho que se le atribuye, sino porque además la agente, identificada como Jorgelina S., de 28 años, trabajaba en la Comisaría de la Mujer de esta ciudad cabecera del departamento Caseros, donde atendía a víctimas de abusos.
Lo vieron los médicos
El suceso quedó al desnudo a partir de una denuncia proveniente de un médico del hospital de Casilda desde donde fue derivada a un efector de Rosario para ser intervenida por una hemorragia en su zona genital.
Ello motorizó una serie de medidas que derivaron en la detención de la mujer mientras cuidaba de su hija internada en el nosocomio rosarino donde se constató que el sangrado era producto de lesiones.
Al resultado de los exámenes médicos, el fiscal aportó otras evidencias tendientes a probar el hecho que niega haber cometido la imputada que quedó bajo arresto domiciliario y sobre la cual pesa una prohibición de acercamiento tanto hacia la nena que habría ultrajado como a su otra hija, de 10 años, las cuales se encuentra a resguardo en un ámbito de contención especial para este tipo de casos.
La medida de no contacto también fue dispuesta por Minetti que además aceptó el pedido del fiscal para que la hermana de la víctima brinde testimonio ante una Cámara Gesell al sospecharse que su hermanita venía siendo abusada desde hacía tiempo y tal vez, de haber tenido conocimiento, podría aportar datos sustanciales para la investigación.
Argumento de la imputada
La imputada asegura que las lesiones que presentaba su hija fueron causadas por una supuesta caída que sufrió mientras se estaba bañando en su casa. Según su testimonio la chica al caer se golpeó la zona vaginal, lo que habría provocado el sangrado por el cual fue trasladada al Hospital San Carlos de Casilda y posteriormente al Sanatorio de Niños de Rosario.
Sin embargo, Fiscalía se vale de elementos que apuntan a demostrar que la nena fue víctima de un abuso producido por la introducción de un objeto además de lo manifestado inicialmente por la víctima cuando ingresó al hospital aunque ante la Cámara Gesell habría incurrido en algunos contradicciones o imprecisiones que llevaron a la defensa a pedir, con éxito, le prisión domiciliaria. No obstante su argumento refiere a una situación de abuso cuyo relato fue evaluado como «creíble» por la psicóloga que la entrevistó, según apuntaron los investigadores.
A ello se suma el peritaje de un celular incautado a la mujer policía, que no reconoce como propio, donde surgen imágenes pornográficas comprometedoras.
La imputada, que estuvo alojado hasta hace pocos días en la Unidad 5 de la cárcel de mujeres Rosario y ya está en su casa con arresto domiciliario, fue puesta preventivamente a disponibilidad hasta que la Justicia resuelva su situación procesal.
Repudio
La decisión judicial de otorgarle la prisión domiciliaria generó el repudio del Colectivo Ni Una Menos de Casilda, que el viernes emitió un comunicado donde califica la medida como un «privilegio» para «la policía que se encontraba a cargo de la Comisaría de la mujer en esta ciudad».
La organización consideró que «esta situación beneficia a la abusadora, que ahora puede volver a su barrio y domicilio, mientras que las menores, si bien en estos momentos están cobijadas en instituciones especializadas, se encuentran cuasi escondidas».
Y en esa línea, la entidad repudió «fervientemente la decisión de la jueza Mariel Minetti así como también las formas en que algunos medios de comunicación abordaron la noticia, dando detalles escabrosos que vulneran aún más la situación de la menor de edad involucrada».
Finalmente, el colectivo manifestó su confianza en que «la Justicia revierta esta decisión y que la acusada cumpla la prisión preventiva en cárcel común» al tiempo que recordó que «aún aguardamos que el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, dé explicaciones y tome medidas frente al caso, dado que la agente involucrada se encuentra bajo su dependencia directa».
la fiscalía. Desde el MPA de Casilda pretendían que la mujer siguiera tras las rejas.(La Capital)