Fueron allanados tres clubes donde funcionaba y un domicilio particular de la ciudad. Incautaron 75 computadoras y unos 32 mil pesos
Tres clubes de Casilda y un domicilio particular fueron allanados en el marco de una investigación por juego clandestino y defraudación en esta ciudad cabecera del departamento Caseros que hace pocos meses también fue escenario de un procedimiento similar.
La medida dejó como saldo la detención de dos hombres que al no contar con antecedentes recuperaron su libertad y quedaron a disposición de la Justicia, el secuestro de 75 computadoras que formaban parte de un red de casinos clandestinos on line y casi 32 mil pesos, entre otros elementos de interés para la causa que está en manos de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Casilda, Marianela Luna y Juan Pablo Baños.
Los allanamientos se realizaron en las instalaciones del Casilda Club, Aprendices Casildenses y Banfield además de la vivienda donde reside uno de los implicados en el caso.
En total fueron incautados 75 computadoras que eran utilizados para jugar a la ruleta, dados y naipes vía Internet cuyos ganadores cobraron los premios en el momento.
Al igual que en marzo de este año la Policía de Investigaciones irrumpió en instalaciones de instituciones deportivas casildenses para intentar ponerle freno al denominado negocio ilegal de «las maquinitas», que nadie ignora en esta ciudad de casi 40 mil habitantes.
Sin embargo la sensación social refleja un descrédito a la posibilidad de que este nuevo golpe marque el fin de una historia archiconocida.
Es que el sistema del juego clandestino se fue convirtiendo para algunos clubes en una suerte de «caja de recaudación», que incluso no pocos justifican porque «permite hacer frente al pago de gastos de funcionamiento y seguir desarrollando actividades».
Así al menos lo revelan testimonios de casildenses recogidos por La Capital con la intención de hurguetear en razones que pueden explicar el funcionamiento de estas «usinas» de generación de ingreso ilegal de dinero en este tipo de ámbitos sociales «con absoluta impunidad».
Para pagar facturas
«En Casilda el límite siempre fue la prostitución y las drogas, pero con el tema del juego históricamente hubo cierta flexibilidad porque no jode a nadie pese a ser ilegal y además hay clubes que si no sacan guita de las maquinitas no tienen donde echar manos para pagar los facturas de servicios públicos», dijo a este cronista en estricto off un conocedor del tema.
El procedimiento que este lunes permitió desbaratar una red de juego clandestino en Casilda, y del que también participaron la División Científico Forense y personal de la UR-IV, surgió «a raíz de una investigación que se venía llevando adelante por infracción al artículo 301 bis del Código Penal», indicó el Ministerio de Seguridad provincial en un comunicado.
En ese marco destacó que «se pudo comprobar que los tres establecimientos estaban realizando juegos de ruletas, carteado y de dados, todo utilizando computadoras en red, donde los participantes jugaban on line, para luego adquirir los premios en el momento», al tiempo que también se llegó a «establecer la identidad del responsable de dicha actividad, por lo que se procedió a allanar los clubes y el domicilio particular del imputado».
Los allanamientos se realizaron en inmediaciones de Mitre al 1.800, Spangember y Loticci, bulevar Villada al 2.900 y Cerrito al 1.400 y las personas involucradas fueron identificadas como Leonardo V., de 42 años, y Ricardo B. (65), al tiempo que la audiencia imputativa fue fijada para el próximo martes.
Cabe destacar que el procedimiento anterior sobre este tipo de delito en la ciudad y que también había derivado en detenciones y secuestro de computadores concluyó la semana pasada, a instancias de un juicio abreviado, con el dictado de una condena a tres años de ejecución condicional contra un hombre que deberá cumplir una serie de reglas de conducta.
Donarán las computadoras
Trascendió que el sujeto en cuestión tendría conexiones con una de las personas apresadas en los recientes allanamientos. La sentencia además dispone donar a entidades de bien público las 150 computadores y el dinero que se secuestró en el operativo de marzo.
La causa que se sustancia ahora «es producto de un desprendimiento de la anterior, que si bien derivó en una sentencia siguió su curso», explicaron ayer a este diario fuentes de la investigación.(La Capital)