El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 porteño condenó esta tarde a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los cuatro ex agentes de la Secretaria de Inteligencia del Estado que llegaron acusados en el denominado juicio «Orletti V», que abordó crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó en un taller situado en la calle Venancio Flores 3519/ 3521 de la ciudad de Buenos Aires.
Las penas -impuestas por los jueces José Michelini y Ricardo Basílico y la jueza Sabrina Namer- recayeron sobre el ex segundo jefe del centro clandestino, Eduardo Rodolfo Cabanillas; los ex agentes orgánicos de esa agencia, Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y el inorgánico Honorio Carlos Martínez Ruiz.
En el inicio del veredicto el tribunal declaró que «los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio».
El tribunal tuvo por probados casi todos los hechos que llegaron a juicio. La excepción fue la absolución por el beneficio de la duda en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado respecto de la víctima Ricardo Manuel González por el que llegó acusado Cabanillas.
De tal forma, consideró acreditados y dictó las consecuentes condenas por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados respecto de Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán; el homicidio agravado de Carlos Hiber Santucho; la privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y el homicidio agravado de María Rosa Clementi, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández; la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados que sufrieron Judith Jacubovich y Rosa María Zlachevsky; y la sustracción, retención y ocultamiento de una persona menor de diez años en el caso de los hermanos Victoria y Anatole Julien Grisonas, que concursan idealmente con los delitos de privación ilegal de la libertad y realmente con el de aplicación de tormentos.
En su alegato culminado el 14 de octubre pasado al cabo de tres jornadas de exposición, el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Pablo Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione- había solicitado la imposición de penas de reclusión perpetua para los cuatro acusados, a quienes consideró responsables en diferentes hechos.
Tal como lo solicitó la fiscalía, al momento de dictar sentencia el tribunal dispuso la unificación de las penas dictadas anteriormente por este y otros tribunales respecto de los cuatro acusados en la pena única de prisión perpetua.
La audiencia de lectura de veredicto se realizó desde una de las salas de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde concurrieron la mayoría de las partes. Por medios virtuales participaron desde sus domicilios los condenados Cabanillas y Ruffo, mientras que Martínez Ruiz y Furci lo hicieron desde las unidades penales 31 y 33, donde se encuentran detenidos. Algunos abogados y abogadas de la acusación y la defensa también intervinieron por medios virtuales.