La seguridad alimentaria es un concepto clave que implica que las personas tengan acceso a alimentos en buena calidad, cantidad y disponibilidad y, además, de manera segura y socialmente respetable. Un reciente estudio interdisciplinario y federal, liderado por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), analizó el cuadro de situación respecto a este tema, en especial, en el panorama durante la pandemia.
“En Argentina en particular, hay un elevado problema de malnutrición que se refleja en niños con sobrepeso y obesidad. A su vez, la inseguridad alimentaria está muy vinculada con la pobreza y la indigencia. En este sentido, antes de la pandemia, teníamos, en Argentina, niveles de pobreza significativos que se agudizaron aún más con la llegada del COVID”, puntualizó Ianina Tuñón, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Departamento de Sociales y Humanidades de la UNLaM.
El estudio, liderado por Tuñón, fue multicéntrico ya que abarcó investigaciones y entrevistas en diversas regiones: La Matanza, Gran La Plata, San Rafael de Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro. Todas, explicó la especialista, experimentaron situaciones de inseguridad alimentaria durante la pandemia y se vieron obligadas a innovar en términos de alimentación.
“Sin dudas, la situación crítica sanitaria impactó fuertemente en la seguridad alimentaria de muchos sectores y muchas familias. En ese contexto y con ese escenario complejo, se volvieron claves las políticas de transferencias de ingresos que implementó el Estado”, subraya la investigadora. Entre esas iniciativas, Tuñón resaltó la importancia de la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de políticas de ayuda alimentaria directas, como entregas de cajas de alimentos.
“La pandemia fue una situación extrema, pero en lo que llevamos de postpandemia, no hemos logrado mejorar la calidad de la alimentación. Porque hay desafíos estructurales que se ven en la alimentación infantil», asegura Ianina Tuñón, investigadora de la UNLaM.
Principales conclusiones
Según las principales conclusiones observadas por el equipo de investigación, las prestaciones complementarias realizadas por el Estado evitaron que se agudice la situación de pobreza o de indigencia en muchos sectores, pero no implicaron una mejora en la calidad nutricional de los productos. En este sentido, la investigadora remarcó que el Estado nacional y los estados provinciales tienen un desafío superlativo ya que deben “ofrecer, al menos, una comida diaria para todos los chicos, especialmente, los de mayor vulnerabilidad social, y brindar ofertas alimentarias que sean ejemplares y completas”.
Cómo conjugar múltiples saberes y disciplinas
Un aspecto a destacar en la conformación del equipo es que dialogaron y se articularon muchas disciplinas, como la sociología, la nutrición, la psicología, la educación física, la antropología, la demografía y la geografía. “Todos estos campos del saber pudieron hacer contribuciones muy interesantes, porque es una temática muy compleja, que tiene correlación con la situación socioeconómica y con factores culturales y regionales que son muy importantes para producir cambios estructurales en términos de una alimentación segura”, remarca Tuñón.
Una herramienta para mejorar la gestión
El estudio formó parte del proyecto “Efectos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas” y fue financiado por la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), como un proyecto PISAC.
Además, derivó en la publicación de una obra, La cuestión alimentaria en tiempos de ASPO-COVID-19, que fue presentado la semana pasada en la Biblioteca Leopoldo Marechal, en la UNLaM. “Esperamos que sea una herramienta para la clase política, como referencia para gestionar mejor y para que nuestros estudiantes puedan acceder a esta información”, aseguró la investigadora. (InfoGEI)