Cuando la gobernadora María Eugenia Vidal dio el visto bueno para habilitar las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos, en sembrados colindantes con poblaciones y escuelas rurales sin más restricciones que las aplicaciones, “deberán efectuarse fuera de horario escolar», ignoraba el poder residual de los mismos?. 
Al respecto, con escasa o nula difusión de los medios porteños, unas trescientas organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un comunicado en el que manifiestan: “Nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medioambiente y la soberanía alimentaria”.
Según la resolución provincial, a partir del 1° de enero de este año se incorporan dentro de la zona de amortiguamiento “lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales”.
Pese a que la resolución 246-MAGP-18 (firmada por el ministro de Agroindustria de la provincia y ex CEO de Monsanto, Leonardo Sarquis), fue aprobada el 17 de octubre, recién se dio a conocer el 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de PBA, del que InfoGEI diera cuenta la semana posterior, en el marco de un blindaje mediático a la gobernador Vidal.
La resolución de Vidal, autoriza la “fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la Provincia de Buenos Aires, sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”, señalaron las organizaciones, agregando que “El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”, como si el veneno esparcido dejara de tener efecto de inmediato de aplicado.
Límites locales
Según los denunciantes, “a fin de proteger el derecho a la salud y al medioambiente, varios municipios en la provincia de Buenos Aires han prohibido el uso de agrotóxicos, fomentando la agroecología como modelo de cultivo. Otros, sin prohibir los agrotóxicos, han regulado limitaciones a su aplicación en lugares residenciales, fijando distancias mínimas, como es el caso de General Pueyrredón”.
Uno de los casos más emblemáticos a nivel nacional en el último tiempo ha sido el fallo inédito de la Justicia de Entre Ríos, la provincia más fumigada del país, que prohibió fumigar a 1000 metros de las escuelas rurales y a 3000 metros en caso de fumigación aérea. Por otro lado, desde mayo del 2016 viene funcionando una Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), entre cuyos objetivos está el asesoramiento a los municipios y sus productores en materia agroecológica, tanto en producciones extensivas como en urbanas y periurbanas.
Norma regresiva
“En este contexto, la resolución 246-MAGP-18 se presenta como una norma manifiestamente regresiva que busca reabrir el debate en torno a las limitaciones a los agrotóxicos, habilitando la modificación de normas municipales para hacerlas más permisivas”, indicaron los firmantes.
En otros de sus párrafos, las organizaciones que rubrican el documento, aclararon que, “si bien la resolución cita como antecedentes a la Constitución Nacional, Provincial y a las leyes ambientales, su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”.
Sin control
Por último, rechazan que dicha resolución debilite aún más el ya edulcorado control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, “la decisión de con qué y cómo fumigar, sin mencionar la necesidad de contar con una receta agronómica a través de la cual el Estado ejerce actualmente un control de la fumigación”.
Entre las entidades que suscribieron el pronunciamiento se destacan: CELS; Red de Abogados de Pueblos Fumigados; las dos CTA de provincia de Buenos Aires; la Unión de Trabajadores de la Educación (PBA); la Asociación de Trabajadores del Estado (PBA); la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), y la multisectorial Paren de Fumigarnos, entre otras. (InfoGEI)