La historia argentina se encuentra cercada por sucesivos quiebres del orden constitucional y democrático. Irrupciones que fueron inconstitucionales e ilegítimas. El 24 de marzo de 1976 se produce el último golpe de Estado que culminará en 1983, con el ascenso de un gobierno democráticamente elegido, y que sentará las bases de la consolidación -ininterrumpida desde entonces- del estado constitucional de derecho. 
La dictadura cívico-militar que transcurrió entre 1976 y 1983 instauró en Argentina un plan sistematizado de represión ilegal. Todo el aparato estatal fue organizado para cometer crímenes de lesa humanidad. Se autorizaron detenciones ilegales, suspensión de garantías procesales, condiciones inhumanas de detención, tratos inhumanos, crueles y degradantes, tortura, robo de niños y niñas, sustitución de identidades, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas… Todo ello bajo un pretendido manto de discrecionalidad, arbitrariedad e impunidad.
Nuestras generaciones han sido testigos de esta historia, un pasado reciente e irresuelto por muchos aspectos. Y con las nuestras conviven otras que ya no han vivido esas épocas oscuras y que tienen el derecho de conocer lo que ocurrió, tal como aconteció. Es, sin lugar a duda, nuestra responsabilidad que la Memoria se mantenga viva.
Como advertíamos, se trata de una historia inconclusa. Aún no se tiene información precisa y completa sobre las gravísimas violaciones cometidas por el terrorismo de Estado. Muchas mujeres y hombres desconocen su identidad, gran cantidad de familiares no saben aún qué ha ocurrido con sus seres queridos… Las víctimas y sus familias, como también la sociedad, tienen derecho a conocer la Verdad. Y el Estado asumió compromisos internacionales para continuar con las investigaciones hasta tanto sea posible determinar con certeza todo lo acontecido.
En 1983, el ex presidente Raúl Alfonsín comienza un proceso que se desarrollará hasta la actualidad, y que posicionará a Argentina como referencia internacional obligada en materia de justicia transicional. Quizás sea difícil hoy transmitir a las nuevas generaciones el altísimo valor que tuvo el trabajo de la CONADEP, de las organizaciones de derechos humanos y la implementación del Juicio a las Juntas, en el contexto de una democracia tan incipiente y frágil. Sin embargo, es nuestro deber enseñarles que el régimen constitucional que hoy disfrutamos, con sus aciertos y desaciertos, fue gracias a la voluntad política de impartir Justicia.
Aún hoy mantiene plena vigencia el alegato final del fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas: “Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías … A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia”.
Gracias al camino transcurrido hasta aquí, hemos forjado progresivamente las bases de una paz democrática sostenida sobre tres pilares: la Memoria, la Verdad y la Justicia. La tarea actual radica en afianzar ese proceso. Es necesario continuar con las investigaciones, con los enjuiciamientos, con las sanciones de los responsables, con la recuperación de los nietos y nietas, con el conocimiento de qué ocurrió con cada una de las personas que se encuentran aún desaparecidas, con la reparación integral de las víctimas y de sus familiares.
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras” decía Sábato. Así como también se requiere de nuestro esfuerzo constante para evitar que se repitan. Es nuestra responsabilidad dejar ese legado a las generaciones futuras. (*) Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires. (InfoGEI)