El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, y lo embargó por $ 5 millones de pesos por el desvío de recursos nacionales para obra pública.
Inicialmente, el anterior gobierno de Cristina Kirchner le concedió $ 10 millones para obras en cuatro líneas eléctricas subterráneas, pero la municipalidad luego le adjudicó a C&E Construcciones la licitación del tendido de dos líneas de alta tensión de forma aérea con algunos tramos subterráneos, aunque la constructora finalmente no hizo una cosa ni la otra.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Gabriel Pérez Barberá, le avisó al magistrado que $ 6 millones terminaron en dos empresas, INC SA y Yoen SA, que no tenían ninguna relación con la obra ni se dedican a eso. Ahora investiga si, además de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real, también hubo lavado de dinero.
El juez González Charvay procesó a otras cuatro personas: Pablo Giménez, concejal con licencia mientras ejerce como secretario de Gobierno; Osvaldo Caccaviello, ex subsecretario de Servicios Públicos de Zárate y actual director general de calles y red vial de Pilar; Salvador Ingrassia, exdirector de Obras e Infraestructura; y a Gustavo Castillo, dueño de la contratista.
También los embargó por entre $ 3 y 4 millones y ordenó el embargo preventivo de todos sus bienes. El magistrado consideró que el intendente y el empresario arreglaron el acuerdo antes de licitar la obra. (InfoGEI