El próximo año, el Gobierno de Javier Milei dará de baja 176.569 pensiones por invalidez laboral, ajuste que cada vez se sustenta más en las auditorías que se están realizando en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Close up of disabled man sitting in a wheelchair, his hand is holding the wheel, raising awareness of accessibility issues for people with reduced mobility
Hasta ahora, se descubrió que menos de la mitad de los subsidiados en CABA cumple con los requisitos para percibir esta ayuda económica, y se habla de un desvío que podría alcanzar los $2.000 millones de dólares al año en todo el país.
Las investigaciones llevadas adelante por el oficialismo dan cuenta que durante las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la cantidad de personas que recibieron este subsidio aumentó exageradamente: el santacruceño las incrementó en un 183%. Su esposa en los primeros cuatro años un 143%, y en el segundo mandato un 47,93%. Macri logró una caída de tan solo el -1,9%. Y Alberto acrecentó el número en un 18,46%.
En agosto de 2024 se iniciaron las auditorías dentro de la Andis, que abarcan a casi 29.000 pensionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Las próximas jurisdicciones que serán investigadas son Chaco, Jujuy y Salta, que suman unas 175.000 pensiones y presentan notorias irregularidades, sobre todo el territorio chaqueño.
Los primeros resultados arrojados en CABA fueron descritos por la Agencia como “escandalosos” e “inquietantes”. De los 10.000 beneficiarios contactados, un 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Esta falta de respuesta obligará a una segunda citación.
Pero entre aquellos a los que sí se lograron localizar, se ha identificado que muchos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estos subsidios. En rigor, sólo el 43% cumple con los requisitos establecidos; por lo tanto, más de la mitad se consideran usuarios fraudulentos.
Dentro de la provincia de Buenos Aires el panorama es similar. Se citaron 900 pensionados, de los cuales un 21% no fue hallado. De los 720 notificados, solo 462 asistieron; y dentro de estos presentes, apenas el 20% cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa. En otras palabras, el 80% forma parte de este esquema de corrupción: un 67% con certificados “truchos”, y un 13% ni siquiera contaba con la documentación necesaria.
Los datos arrojados se suman a la causa que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, junto a su colega Gerardo Pollicita. La Justicia apunta a que durante los años kirchneristas se flexibilizaron los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de estas pensiones.
Entre los casos más escandalosos hallados en estas primeras auditorías dentro del AMBA, se encontró a una mujer que cobraba el subsidio a nombre de su marido fallecido (su muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado). También pensionados que acudieron respaldados por representantes del “Movimiento Evita” y abogados.
Un hombre presentaba cuatro diagnósticos de salud diferentes, el cual asistió a la auditoría acompañado de un abogado. Por otra parte, un individuo aseguró que su padre, beneficiario de estas ayudas económicas, estaba en Egipto desde hacía meses.
Además, dos personas que percibían las pensiones estaban cumpliendo condena, de las cuales una de ellas se hizo presente a pesar de tener arresto domiciliario. Lo que más encendió las alarmas de estos casos es que, además de no cumplir con todos los requisitos, se les entregó la pensión en diciembre de 2023 de forma exprés en tan solo 13 días, bajo condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Diego Spagnuolo, titular de la Andis, aclaró que el objetivo de estas investigaciones y medidas no se basa en quitarle el beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino a aquellos usuarios que las recibieron de manera fraudulenta durante las últimas gestiones. En rigor, del 2003 hasta la actualidad, pasaron de haber 80.000 a un poco más de 1.2 millones en todo el país, un número que no tiene precedente ni siquiera durante una guerra. (DIB)