Desde la entrada en vigencia de la actual Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en el fuero federal se dictaron 490 sentencias condenatorias, en las que fueron condenadas 976 personas por crímenes contra 2305 víctimas.
Todos los 30 de julio, desde el año 2013, se conmemora el “Día Mundial contra la Trata”. Así lo establecieron la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro a través de una resolución específica. La finalidad de establecer esa fecha fue concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.
Ese mismo año el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que significó la jerarquización –y continuación- de las actividades llevadas a cabo por la anterior Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Su tarea, a grandes rasgos, abarca desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales, como en la coordinación de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de la AIAMP.
Casos e investigaciones
De acuerdo a los datos que relevó la PROTEX, a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3.700 investigaciones preliminares (a razón de 221 por año) y se trabajó, además, en más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145.
Se lograron 490 sentencias condenatorias en el fuero federal, en las que fueron condenadas 976 personas que perjudicaron al menos a 2305 víctimas.
De los 976 condenados, el 77,3% son argentinos. Y la mayoría varones: un 63,8%. En cuanto a las víctimas, el 78,6% son mujeres, un 20,9% varones y un 0,5% personas trans.
De las 490 sentencias condenatorias relevadas, el 74,3% fue por explotación sexual y el 24,5% por explotación laboral. El 1,2% restante fue por otra finalidad de explotación.
Los dispositivos del Estado contra la trata
En Argentina, la lucha contra la trata de personas es un objetivo prioritario respaldado por un marco legal y una estructura institucional robusta. El Plan Nacional de lucha contra la trata y explotación de personas está centrado en cuatro ejes fundamentales: prevención; asistencia y protección a las víctimas; persecución y sanción de los responsables; y cooperación internacional.
En términos de diagnóstico y evaluación, los informes realizados y publicados por la PROTEX han destacado tanto avances como desafíos persistentes. Se ha observado un impacto positivo de las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los años, especialmente en la sensibilización pública y la capacitación de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se han realizado avances en la identificación temprana de víctimas y en la coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial.
Por otro lado, se sigue propugnando la investigación de la corrupción facilitadora de la trata de personas y la realización de oportunas y eficientes investigaciones patrimoniales con miras a efectivizar las reparaciones económicas a las víctimas.
Ente este contexto, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas ha jugado un papel crucial como espacio de coordinación entre las jurisdicciones provinciales y el gobierno nacional. Este ente ha facilitado la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales, permitiendo la identificación de retos en la asignación de recursos y en la homogeneización de prácticas entre provincias con realidades diversas.
Además, las mesas interinstitucionales de prevención y lucha contra la trata de personas se han posicionado como plataformas esenciales para el diseño de políticas locales adaptadas a contextos específicos. Estas mesas han promovido la colaboración entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, fortaleciendo la respuesta integral contra la trata y la explotación.
La lucha contra la trata de personas requiere, como viene sucediendo, compromisos sostenidos en el tiempo y acciones coordinadas para proteger los derechos fundamentales y garantizar justicia para las víctimas.