Los encargados y representantes de estos registros, quienes solicitaron la medida, argumentaron que la resolución causaba un daño significativo a sus ingresos, erosionándolos hasta desaparecer, y que fue dictada sin el dictamen jurídico previo requerido por la Ley 19.549.
Además, destacaron que la medida ignoraba las graves consecuencias del congelamiento de los emolumentos desde el 31/10/23, a pesar de un aumento del 275% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los aranceles solo se incrementaron en un 66%.
El juez López señaló que la medida cautelar busca proteger de manera rápida y efectiva la prestación de un servicio público esencial, el cual estaba en riesgo debido a la falta de financiamiento suficiente.
Asimismo, el magistrado enfatizó que los Registros de Propiedad Automotor cumplen una función pública estatal crucial y necesitan los medios económicos adecuados para mantenerse operativos, lo cual se vio afectado por la Resolución 133/2024.
En tal sentido, resaltó que la prestación de este servicio es vital para la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, afectando la transferencia de bienes y la economía de los usuarios, comprometiendo así el interés público.
Según pudo saber InfoGEI, la medida cautelar fue admitida parcialmente, excluyendo una serie de compensaciones y reintegros por los aumentos no percibidos, que deberán ser tratados en acciones futuras. (InfoGEI)