La Ley de Semillas de 1973 establece un mercado protegido para los obtentores de semillas, quienes deben registrarse en el INASE y en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para comercializar sus productos. La ley permite a los productores usar las semillas para reproducción limitada y no para reventa sin el permiso del obtentor, evitando así la «bolsa blanca».
La Resolución 245/2024, firmada por Claudio Dunan, presidente del INASE, introduce controles más estrictos sobre el origen de las semillas que los productores planean utilizar. Los agricultores deberán reportar electrónicamente los volúmenes y variedades de semillas usadas o por usar, demostrando su origen legal, independientemente de los derechos de propiedad vigentes.
Según la investigadora y docente de las universidades de General Sarmiento y Luján, Carla Poth, en diálogo con Canal Abierto, explicó que esta regulación intensifica los controles sobre la «bolsa blanca». Los productores que reutilicen semillas deberán registrar este uso en el INASE y contar con el certificado de compra de las semillas originales, bajo pena de sanciones económicas.
Poth añadió que el INASE carece de mecanismos robustos de control, por lo que es probable que la supervisión recaiga en las acopiadoras y agroexportadoras, que podrían exigir estos registros al momento de comercializar la producción.
Las relaciones entre el Gobierno y el sector agrícola, representado por la Mesa de Enlace, se han vuelto conflictivas. Los productores enfrentan problemas como las retenciones, un dólar poco competitivo y el encarecimiento de los insumos, lo cual aumenta la presión sobre sus costos operativos.
La mayoría de las semillas en Argentina son desarrolladas por grandes empresas extranjeras, lo que las hace más caras para los productores locales. La reforma de la Ley de Semillas, que podría fortalecer los derechos de propiedad intelectual y encarecer aún más las semillas, es rechazada por muchos productores que ya enfrentan dificultades para obtener las ganancias deseadas. Los pequeños y medianos productores, con menos capacidad de lobby, son los más afectados por estas nuevas regulaciones. (InfoGEI)