La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) denunció que el Gobierno nacional puso trabas que complican la cobertura de las personas que dependen de la energía eléctrica para vivir y que comenzaron a retrotraerse algunos de los derechos conseguidos en los últimos años, a partir de la sanción de la Ley 27351 en 2017.
Desde la organización afirman que unos 1.600 pacientes están recibiendo trabas o negativas en la renovación del certificado en unos que les permite a estas personas no pagar la electricidad, documento que debe ser renovado cada dos años. Además, otras dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) también generan problemas en el acceso.
Según los pacientes, los requisitos para formar parte del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) se volvieron mucho más exigentes.
El presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), Mauro Stefanizzi, dijo que varios pacientes reclaman que la respuesta a su solicitud de renovación lleva meses de atraso.
El registro de electrodependientes está destinado a personas con patologías neurodegenerativas, respiratorias o las famosas apneas de sueño, cuando el riesgo de una falta de oxígeno en sangre puede ocasionarles la muerte.
Además de las apneas, hay quienes tienen encefalopatía crónica no evolutiva, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), bronquiodisplacia pulmonar, hipertensión pulmonar, fibrosis quística o EPOC severo, entre otros.
El RECS fue creado por la ley de 2017, precisamente para que estas personas cuenten con un equipo de electromedicina (provisto por la obra social o prepaga) y el acceso sin cargo al servicio eléctrico.
Además, integrar el RECS les da derecho a pedir un equipo que la normativa llama FAE, la sigla de Fuente Alternativa de Energía, es decir, un generador para casos de corte.
Ahora, dos normativas publicadas por el ENRE en el Boletín Oficial el 4 de junio (las resoluciones 329 y 330/2024) derogaron otras que reglamentaban detalles sobre la cobertura del servicio preventivo ante cortes de luz.
Pero para pedir la Fuente Alternativa de Energía (el generador), la persona debe primero tener el “ok” de un especialista enviado por la distribuidora eléctrica, que chequeará si la instalación eléctrica es acorde al aparato que la propia empresa debe proveer.
Stefanizzi explicó que a excepción de las casas nuevas, en la mayoría de los casos para obtener el visto bueno hay que hacer grandes remodelaciones, que son costosas.
Antes de la resolución 330, el Estado cubría la adecuación a pacientes que percibieran menos de 3,5 canastas básicas del INDEC. En cambio, “ahora solo a las personas de cateogría N2, que son los que tienen ingresos iguales o menores a una canasta básica total”.
En cuanto a la segunda resolución (la 229), modifica el plazo que tienen las empresas eléctricas para instalar la FAE, una vez que la persona tenga todos los papeles en regla. Antes eran 48 horas y ahora son 48 horas hábiles. (DIB)