(Por Victor Calvigioni) El 11 de julio de l977, el obispo Carlos Ponce de León era asesinado en cercanías de la ciudad de Ramallo. Los verdugos “disfrazados” de inocentes automovilistas utilizaron la misma metodología que usaron los homicidas del Obispo Angelelli en la Rioja. Ambos prelados eran objetos de continuo seguimiento por su visión y militancia sobre los Derechos Humanos y las denuncias que venían realizando contra el Proceso Militar. En Ramallo, una camioneta de una empresa fantasma terminó con la vida de Ponce de León.
En conversación con este periodista cuando se iniciaron las investigaciones , el Dr. Juan Murray señaló: “está acreditado las irregularidades que se realizaron en la investigación que se llevó adelante en 1977, ya hay elementos probatorios suficientes para desbaratar lo que se trató de calificar como un homicidio culposo (accidente de tránsito con la muerte del obispo) como se lo caratulo en esa época”.
El Fiscal nicoleño además nos argumentó : “tenemos suficientes pruebas que nos indican que el obispo Carlos Ponce de León, era víctima de un seguimiento constante por los organismo de inteligencia del Estado y por agentes de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y que desde l976 estaba en manos del general Ramón Camps”.
Agregó “Además era seguido por los organismo de inteligencia del Ejercito tanto del Destacamento de Inteligencia 101, con sede en San Nicolás, como su dependencia jerárquica que era el Batallón 601, con sede en la Capital Federal”.
Los documentos donde se acredita este seguimiento que era objeto nuestro obispo fueron rescatados de la DIPA y de la sede de Inteligencia del Ejercito, en su sede de la Capital Federal, los mismos están depositados en la Comisión Provincial de la Memoria. Por otro lado Murray argumenta: “también existen archivos de la Cancillería y donde se puede determinar que Carlos Ponce de León era producto de persecuciones constantes”
En ese momento de la investigación en la fiscalía de San Nicolás todo se llevaba a cabo con enorme esfuerzo, por eso cada probatoria que se agregaba a la causa era un paso gigante. En este sentido Murray argumentaba que entre los documentos existe uno y que lleva la firma del coronel Manuel Fernando Saint Aman, que era el jefe del área 132 y que estaba dirigido al general Guillermo Suarez Masón y donde claramente se puede anticipar lo que luego sucedería en Ramallo”.
Estos documentos rescatados por la fiscalía de San Nicolás demuestran que el asesinato de Ponce de León fue “escrito” mucho antes por los verdugos que respondían a distintos intereses. La conformación en la diócesis de sacerdotes y religiosos compenetrados con el Concilio Vaticano II y su “militancia” a favor de aquellos que no tenían voz habían sentenciado a Ponce de León.
El atentado
El obispo Ponce de León murió el 11 de julio de 1977 en un misterioso accidente automovilístico a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando viajaba a Buenos Aires con material de denuncias sobre desaparecidos.
Víctor Oscar Martínez, quien entonces tenía 19 años y realizaba el servicio militar en la Prefectura Naval de San Nicolás, era su único acompañante en el viaje y fue testigo clave en la causa judicial que investiga el presunto crimen del obispo.
El periodista Horacio Verbitsky en su investigación escribió “El conductor de la pick-up F100, modelo 77, Luis Antonio Martínez, declaró que debió frenar en forma brusca para no embestir a un colectivo. Como la ruta estaba mojada, la camioneta patinó y se cruzó a los trompos sobre la otra mano, por donde avanzaba el Renault. Nada se hizo para determinar por qué no quedaron huellas en el pavimento. Ni la policía ni el juez buscaron testigos del choque. Tampoco identificaron al colectivo ni al chofer y sus pasajeros que podrían haber relatado lo sucedido. La escueta instrucción judicial no verificó si las heridas que causaron la muerte del obispo eran compatibles con los daños del vehículo en que viajaba. Nunca se estableció quienes llevaron al obispo moribundo al hospital ni en qué vehículo”.
Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante en la pick-up, Carlos Sergio Bottini, viajaban hacia Entre Ríos “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de lasede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón.
El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni sus negocios fueron objeto de constatación.
Cuando la policía buscó los antecedentes de Luis Antonio Martínez, la empresa en que trabajaba ya no fue mencionada como Agropolo sino como Don Paco. Recién dos meses después el juez Oberdán Andrín, cuñado del ex hombre fuerte del peronismo San Nicolás, José María Díaz Bancalari, escuchó por primera vez a los tripulantes de la pick-up. El 18 de julio de 1978, condenó a Martínez a seis meses de prisión, dejó la pena en suspenso y lo inhabilitó para manejar durante cinco años. La única descripción de lo sucedido en todo el expediente es la del condenado por homicidio culposo.
Aun así, en la apelación surgieron dudas sobre su relato. En setiembre de 1978 la Cámara de San Nicolás destacó que el conductor había dado tres versiones distintas de lo sucedido. Los camaristas se limitaron a afirmar que en cualquier caso su responsabilidad era indudable y confirmaron la condena pero no les interesó profundizar en las causas del cambio de versión. Nadie tomó declaraciones sobre las amenazas y persecuciones al obispo, que todos conocían en San Nicolás”.
Los últimos pasos
El pedido de reapertura de la causa fue presentado en febrero de 2020 por el Ministerio Público Fiscal, al que también adhirió la Secretaría de Derechos Humanos. El planteo fue rechazado en primera instancia por el Juzgado Federal 2 de San Nicolás; por lo que, en agosto de 2021, ambas partes recurrieron ante la Cámara Federal de Rosario.
En junio de 2022, en una audiencia presencial convocada por la Cámara Federal, la fiscalía y la querella de la Secretaría repasaron las nuevas pruebas y las irregularidades constatadas durante la investigación original. En particular, la Secretaría aportó el informe del perito Jorge Geretto, quien reconstruyó la mecánica de los hechos y concluyó que la colisión no había sido accidental y que se habría tratado de un atentado premeditado contra el obispo.
A partir de lo expuesto en esa audiencia, los camaristas decidieron revertir el fallo de primera instancia y anular la sentencia original. Consideraron que “no resulta intangible una sentencia firme cuando, como en el caso, se podría estar ante el incumplimiento por parte del Estado de sus deberes de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos”. Destacaron en ese sentido las irregularidades en la causa original y los testimonios y documentación que señalan que el obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos.
Con motivo de esta resolución de la Cámara, la justicia federal de San Nicolás deberá investigar la muerte del religioso como un crimen de lesa humanidad y se le deberá tomar declaración indagatoria a ex militares del Área 132 del Ejército, que tenía jurisdicción sobre San Nicolás, así como al conductor de la camioneta que participó en el incidente y a su acompañante.
La represión en nuestra zona fue “ideada” mucho antes y los procesistas querían borrar la memoria de un pueblo. Se debe tener en cuenta que la última noche antes del incidente que le costó la vida, Ponce de León estuvo en Colón para reunirse con una religiosa.