En medio del debate de la Ley Bases, que incluye la privatización de empresas públicas, mayores facultades para despedir empleados públicos y la flexibilización de leyes laborales, la provincia de Buenos Aires siente cada vez más el golpe de la marcha de la economía. Suspensiones y despidos empiezan a repetirse como estrategia de grandes y pequeñas empresas para lograr que “los números cierren”.
Mientras que desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguran que el ajuste del Gobierno de Javier Milei pone en riesgo el trabajo de más de 50 mil personas para los próximos dos meses, el gremio acordó con las empresas del Grupo Construya (FV, Loma Negra y Aluar, entre otras) un esquema de reducción de la jornada laboral por 10 días en mayo, 9 en junio y 10 en julio, con la paga de un 80% del salario neto. Todo en medio de una caída del 33% de los despachos de la empresa en el primer cuatrimestre del año.
Justamente, una de las compañías del grupo, FV, la mayor fabricante de grifería del país, dispuso la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta de la localidad de Pilar, donde trabajan 1400 personas. También en este partido del conurbano, la empresa multinacional Whirpool redujo un turno de la producción y despidió a 60 empleados de su planta por el derrumbe de las ventas de lavarropas. Esto último se da en un contexto de una caída del 40% en el primer trimestre de este año de las ventas de electrodomésticos en Argentina, que están en el nivel más bajo de los últimos 12 años.
Relacionado con el sector de la construcción, la motosierra de Milei sobre la obra pública impacta, por ejemplo, en las fábricas de ladrillo. Tras el cierre a principios de año de Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA) y el despido de 35 trabajadores, ahora se sumó que Cerro Negro comenzó a ponerle freno a su producción y suspendió a unos 50 operarios por 60 días, plazo durante el cual percibirán el 80% de su salario básico. El panorama para las canteras es aún peor. Algunas compañías pasaron de despachar 150 camiones de piedra al mes a sacar tan sólo 10.
Otro rubro con graves problema es el automotriz. General Motors recurrió a retiros voluntarios, mientras que Toyota y Renault también iniciaron esos procesos para cientos de sus trabajadores. La caída de esa industria repercutió también sobre Acindar tras el derrumbe del 40% en su facturación. La fabricante de acero analiza frenar su producción entre 2 y 4 semanas en junio en Villa Constitución, donde trabajan 3000 personas.
Una consecuencia de ello y también de la apertura de las importaciones con la baja de aranceles es el despido de 97 despidos de la empresa de neumáticos Fate en la planta de la localidad de San Fernando. También la japonesa Bridgestone, con planta en Lomas de Zamora, viene de aplicar a lo largo del año suspensiones, adelanto de vacaciones y más de 150 despidos, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).
Por la baja en el consumo la firma norteamericana de snacks Pepsico despidió en abril a 36 operarios en Mar del Plata, mientras que en las últimas horas Chango Más anunció que cesanteó a trabajadores en algunas de sus cerca de 90 sucursales en el país, en medio de un derrumbe del 15% de las ventas en volumen en las grandes cadenas. La medida generó protestas en Avellaneda y Bahía Blanca, mientras que una situación similar se dio en Quilmes, donde el mayorista Diarco cerró una sucursal y dejó en la calle a unas 30 personas, según el gremio de comercio.
En lo que tiene que ver con la industria manufacturera (textil, indumentaria y calzado), sector que emplea de forma directa y registrada a más de 1,2 millones de personas, el golpe de la recesión también se siente. En Mar del Plata, donde existen unas 70 empresas textiles, ya comenzaron los despidos “por goteo”. Y algo similar pasa en Luján desde marzo, cuando dos importantes empresas (Estampados Rotativos y Algoselan) resolvieron acogerse a un esquema de suspensiones. (DIB)