Fue detenida el 26 de febrero pasado en Santiago de Chile y está a la espera del juicio, acusada de haber trasladado al menos a seis jóvenes hacia el país trasandino y de explotarlas sexualmente.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, colaboró con el Ministerio Público Fiscal de Chile en la investigación desarrollada en ambos países respecto de una mujer acusada de trasladar, al menos, a seis jóvenes argentinas hacia el vecino país para explotarlas sexualmente. La imputada fue detenida el pasado 26 de febrero en Santiago de Chile, y será próximamente sometida a juicio por esos hechos.
La detención, realizada en el barrio Las Condes de la capital chilena, se produjo en el marco de una pesquisa desarrollada en virtud de la labor llevada adelante por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) suscripto entre las autoridades los MPF de ambos países el 24 de setiempre de 2022.
Un ECI es un mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un instrumento específico que se celebra entre autoridades competentes de dos o más Estados, conformar un marco de coordinación para abordar la investigación de delitos transnacionales.
En este caso, el objetivo fue mantener una comunicación directa con la fiscalía chilena a cargo de la investigación en la fase de la explotación, mientras que en nuestro país la investigación se enfocaba en las instancias de captación y traslado. Además, se intercambió la información que se había recabado en el marco de ambas causas para identificar el modo de operar de la investigada y, específicamente, hacer cesar el delito.
Con la imputada detenida en Chile, la causa en trámite en Argentina fue archivada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 porteño, Julián Ercolini, y sus constancias fueron remitidas al MPF chileno y servirán como prueba en el proceso que se sustancia en ese país.
Los directores del equipo fueron, por parte de la República de Argentina, la fiscal Mángano, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, y el fiscal general Colombo, cotitulares de la PROTEX, mientras que por Chile intervino Caroline Matamala, a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente. Durante el proceso de conformación y seguimiento del ECI, se contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó.
El caso
La investigación se inició el 24 de mayo de 2018, en virtud de una denuncia anónima a la línea 911, alertando sobre una publicación del sitio web “Baires Girls”, donde una mujer apodada “Kimey”, de 40 años aproximadamente, tendría a cargo a dos mujeres en situación de prostitución en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Además, la persona denunciante detalló que la mujer trasladaría víctimas, algunas incluso menores de edad, a países limítrofes como Chile y Uruguay, cobrando por ello una suma específica de dinero, de los cuales retendría un 60 por ciento.
Tras la realización de tareas de inteligencia criminal dispuestas por la fiscalía, se pudo identificar a la mujer investigada. A su vez, se verificó que, desde 2013 hasta fines de junio de 2019, registraba numerosos tránsitos migratorios a la República Oriental del Uruguay y a la República de Chile.
El objetivo del Equipo Conjunto de Investigación fue mantener una comunicación directa con la fiscalía chilena a cargo de la investigación en la fase de la explotación, mientras que en nuestro país la investigación se enfocaba en las instancias de captación y traslado.
Como consecuencia, se pudo corroborar que la imputada desarrollaba la actividad ilícita desde hacía aproximadamente diez años y que, en el transcurso de ese tiempo, ninguna autoridad había logrado ponerle fin.
Por lo tanto, y más allá del trabajo realizado por separado en cada país para reunir información que permitiese conocer el mecanismo armado por la imputada, se decidió abordar la pesquisa con un mismo enfoque y trabajando en el diseño de una estrategia investigativa en conjunto.
El trabajo en red
Los Ministerios Públicos de Argentina y Chile forman parte de la Red Iberoamericana de Fiscales especializados en Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes (REDTRAM ), formada en Santiago de Chile en el año 2011 en el seno de la Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Esta red permite lograr la cooperación internacional de manera ágil e inmediata, a través de una plataforma web proporcionada por la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). Asimismo, los y las fiscales que fungen como punto de contacto intervienen anualmente en reuniones presenciales en donde se realizan intercambios de buenas prácticas y casos paradigmáticos en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y se llevan adelante capacitaciones en temas específicos relacionados a esos fenómenos.
Así se logra, por ejemplo, la identificación de redes y fenómenos criminales que pueden tener anclaje en más de un país de la región. Ello permite trabajar de manera conjunta y coordinada entre varios Ministerios Públicos para abordar de manera eficiente todas las fases de la empresa criminal.
La coordinación de ese espacio regional se encuentra a cargo del MPF argentino, representado por la fiscal Mángano y el fiscal Colombo. Allí se viene impulsando, desde hace muchos años, la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación como una técnica especial de investigación para el combate contra este delito de crimen organizado trasnacional.
Actualmente la Red se encuentra trabajando, entre otras cosas, en la elaboración de una guía sobre ECI en casos de trata y tráfico de personas. El objetivo es volcar en ese documento cuestiones vinculadas a las razones para su creación, las ventajas de las operaciones conjuntas, la regulación de los ECI, los resultados operativos y las herramientas e instrumentos disponibles. Asimismo, tiene el fin de brindar información sobre la regulación interna de los ECI en las legislaciones de cada uno de los países miembro.