Así lo dispuso el juez Mauricio Clavero a raíz del pedido formulado por el fiscal Horacio Puyrredón en una audiencia realizada ayer a la tarde. El imputado fue detenido en el marco de una serie de allanamientos llevados a cabo en localidades del departamento General López y es propietario de una chatarrería que no contaba con autorización para funcionar. “La venta ilegal de cobre es el último eslabón de la cadena, y favorece el crecimiento del robo de cables”, sostuvo el fiscal del MPA.
Quedó en prisión preventiva el propietario de una chatarrería sin autorización para funcionar al que se investiga por delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado (por ánimo de lucro) en Venado Tuerto. Sus iniciales son JB y fue detenido el último martes en el marco de una serie de allanamientos realizados en distintas localidades del departamento General López.
La medida cautelar fue impuesta por el juez Mauricio Clavero a raíz del pedido formulado por el fiscal Horacio Puyrredón en una audiencia llevada a cabo ayer a la tarde en los tribunales de Venado Tuerto.
“Si bien la Defensa pidió la libertad del imputado y la imposición de normas de conducta, el juez las rechazó e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, valoró el fiscal.
Puyrredón planteó que “desde la Fiscalía sostuvimos que, en función de las evidencias que aportamos, la materialidad y la autoría del hecho por parte del hombre investigado están lo suficientemente claras para esta instancia procesal”. En tal sentido, refirió “no solo al secuestro de cables robados y de gran cantidad de dinero que se hizo en los allanamientos, sino también a una camioneta que es del imputado, la cual era manejada por un empleado de él para transportar el cobre”.
Último eslabón
En la audiencia, Puyrredón hizo hincapié en “el perjuicio a la comunidad que genera el robo de cables” y detalló que “entre enero y febrero, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto gastó alrededor de 91 millones de pesos en la restitución de los materiales sustraídos”
Además argumentó que “la comercialización ilegal es el último eslabón de la cadena, y favorece el crecimiento del robo de cables que, por lo demás, habitualmente es cometido por personas de escasos recursos que exponen sus vidas a raíz de los riesgos que genera la manipulación de estos materiales”.
En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal recordó que “el imputado ya fue investigado por hechos ilícitos similares”, y subrayó que “tiene capacidad económica para fugarse”. Por último, concluyó que “ahora no tiene arraigo laboral a raíz de que fue clausurada la chatarrería ilegal de la cual es propietario”.