Los directivos de la empresa Prochem Bio SA, una agroquímica ubicada frente al barrio Somisa de Ramallo que fabrica biocidas, insumos textiles, biodisel y fue denunciada hace ocho años por contaminación, seguirán siendo investigados por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos luego de que la Cámara Federal Penal de Rosario revocara el polémico archivo de la causa que había dictado el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Según consigna el Portal Primera Plana, en la sentencia, las juezas de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario Elida Vidal y María Andalaf Casiello advierten que luego de un pormenorizado análisis del caso están en condiciones de señalar que el juez Villafuerte Ruzo ordenó el archivo de la causa penal sin haber producido “todas las diligencias necesarias a fin de completar el conocimiento integral” de las denuncias, ni descartar la posible comisión de los delitos que regula la ley de Residuos Peligrosos.
Al respecto, las magistradas resaltan que el bien jurídico protegido es “el ambiente en general” y que de afectarlo también “se atenta contra la salud pública”. Las camaristas agregaron que “no puede perderse de vista que Prochem Bio SA es una industria de tercera categoría, lo que significa que con su propia actividad puede ocasionar daños graves en la población y al medio ambiente, por lo que dada la trascendencia de la materia en estudio, los hechos investigados deben analizarse con suma prudencia”. Pruebas omitidas
El argumento principal que había utilizado el juez federal de San Nicolás Villafuerte Ruzo para archivar la causa penal fue la presunta falta de pruebas. No obstante, al analizar la apelación que presentó la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) –querellante en la causa– las juezas de Cámara advirtieron que el magistrado omitió más de una.
Las omisiones de Villafuerte Ruzo
Entre las pruebas nuevas y las evidencias que el juez “no valoró adecuadamente” o “ni siquiera fueron meritadas” figuran declaraciones testimoniales, prueba documental aportada por el actual Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, expedientes por accidentes de trabajo, daños y prejuicios, protección y reparación ambiental, pericias del Centro de Investigación Medio Ambiental (Cima) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Tampoco para este cuestionado magistrado, ameritó una condena contra la empresa dictada en agosto pasado por el juzgado de Faltas de Ramallo por “arrojar efluentes en lugares no permitidos o autorizados” e infringir ordenanzas locales que regulan el uso de agroquímicos y la acción de amparo que tramita en el fuero civil de la Justicia Federal y que también en agosto obtuvo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires que clausuró la agroquímica Prochem Bio Sa porque, entre otras irregularidades, funcionaba sin ninguna habilitación válida pese a ser una empresa de categoría 3.
Fallo de la Suprema Corte
En ese fallo, los cuatro ministros de la Corte bonaerense hicieron lugar a la acción de amparo presentada en 2015 por Fomea, que denunció a la firma por emitir gases tóxicos y volcar efluentes contaminantes al arroyo Ramallo –que desemboca en el río Paraná– sin contar con las autorizaciones legales vigentes.
En la sentencia de la Corte también ordenaron que para volver a funcionar, la agroquímica debía acreditar “haber obtenido los pertinentes certificados y permisos por parte de las autoridades competentes” y cumplir con los mecanismos legales de audiencia pública y participación ciudadana.
Fallo llave en mano
Sin embargo, en un fallo exprés dictado días después por el juez Eduardo Oscar Viale, presidente del Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás, levantó el cese de actividad industrial que pesaba sobre Prochem Bio SA al dar por cumplidos los requisitos impuestos por el Máximo Órgano Judicial de Buenos Aires.
Esa sentencia fue apelada por Fomea y se encuentra pendiente de resolución hace meses en la Cámara Civil de San Nicolás. Evidencias. (InfoGEI)