En la causa conocida como “El Villazo”, porque el epicentro de los hechos fue la zona industrial de Villa Constitución, dos empresarios, dos exmilitares, dieciséis expolicías federales y un expolicía provincial están acusados de haber intervenido en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidios contra 67 víctimas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario inició el lunes el debate para juzgar la responsabilidad de dos exdirectivos de la metalúrgica Acindar de la ciudad de Villa Constitución, dos exmilitares, dieciséis expolicías federales y un expolicía provincial como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, y por Juan Patricio Murray, secretario letrado de la Procuración General y auxiliar fiscal de aquella oficina.
Los hechos represivos que se juzgan en esta causa fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como «El Villazo», en relación al nombre de la ciudad epicentro del reclamo obrero. De acuerdo a la acusación fiscal, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio del mismo año. Las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.
En la pieza acusatoria, la Unidad de Derechos Humanos remarcó que Acindar había habilitado un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal Argentina (PFA) había instalado un destacamento en 1974.
Para este juicio, el tribunal está compuesto por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. Con un esquema de dos audiencias semanales fijadas para lunes y martes, las dos primeras jornadas estuvieron destinadas a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y al planteo de cuestiones preliminares. Se estipula que, de acuerdo al cronograma del juicio, el martes 21 comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados.
Actualmente, la lista de los imputados incluye al exjefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, como también al personal jerárquico de la misma empresa, Ricardo Oscar Torralvo; los expolicías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Antonio Burguburu, Jorge Argentino Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Oscar Giai, Aldo Ramón Gradilone, Carmen Amanda Grossoli De Hellaid, Jorge Aníbal Lozano Windus, Emilio Hugo Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Miguel Nardi, Roberto Raúl Squiro, Daniel Vicente Valdés y Oscar Roberto Vessichio; los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el exoficial de la guardia rural «Los Pumas» de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.
La acusación fiscal refiere la finalidad económica que tuvieron los hechos represivos en Villa Constitución como banco de pruebas de un cambio de matriz que comenzó a concretarse a partir del 24 de marzo de 1976 con la asunción de Alfredo Martínez de Hoz, expresidente de Acindar S.A., en el cargo de ministro de Economía de la Nación.
La represión de «El Villazo»
De acuerdo a la reconstrucción histórica planteada por la Unidad Fiscal en su requerimiento, un conflicto gremial de 1974 aumentó la tensión entre el empresariado metalúrgico y los sindicatos. «Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas», se describió en la acusación.
El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue «literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provinciales de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército», agregó. En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que, según se describió, «hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM [Unión Obrera Metalúrgica] local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas». La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.
Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.
Según el requerimiento de elevación a juicio, a partir de ese momento “se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo».
El requerimiento de elevación a juicio abundó también en el relato sobre la finalidad económica que tuvieron los hechos represivos en Villa Constitución, como banco de pruebas de un cambio de matriz que comenzó a concretarse a partir del 24 de marzo de 1976 con la asunción de Alfredo Martínez de Hoz, expresidente de Acindar S.A., en el cargo de ministro de Economía de la Nación.
Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, al edificio de Coordinación Federal y al propio local de la UOM, «lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas», se indicó en la pieza procesal.