El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales porteños, Diego Luciani, y el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, advierten sobre la circulación por correo electrónico de un mensaje a nombre de la Policía Federal destinado a obtener datos personales y a estafar mediante un falso “arreglo amistoso” de contenido económico a sus destinatarios, luego de informarles que se encuentran bajo investigación en un caso por delitos sexuales a cargo del mismo fiscal Luciani.
La UFECI solicitó que se desestimen estos mensajes y que se realice la correspondiente denuncia a denunciasufeci@mpf.gov.ar
El texto que circula con el mensaje fraudulento contiene el logo de la Policía Federal y se encuentra encabezado por nombres inexistentes de reparticiones atribuidas a esa fuerza de seguridad, como «Dirección General de la Policía Federal Argentina» y «Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia en el Ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
Allí se señala que el fiscal Diego Luciani lleva adelante una investigación preliminar y se citan artículos inexistentes del Código Penal de la Nación como también de un «Código de Procedimiento Penal».
Agrega que la pesquisa fue iniciada a partir de una filtración de datos de la cual se desprende que el destinatario «ha cometido o intentado cometer el delito de desórdenes; pornografía infantil; pedofilia; exhibicionismo; y ciberpornografía» (sic).
Sin una ilación lógica, luego directamente acusa a la persona destinataria: «Usted ha cometido o intentado cometer un delito tras ver un vídeo que contiene pornografía infantil en Internet (sitio de anuncios clasificados). Las fotos/vídeos de menores desnudos han sido grabados por la policía cibernética y constituyen una prueba de este delito».
El remitente agrega que envía el correo «por razones de confidencialidad» y exige al destinatario que «denuncie su caso por correo electrónico para que pueda ser investigado y verificado con vistas a la imposición de sanciones, y que lo haga en un plazo estricto de 48 horas».
En efecto, el mensaje busca que el destinatario del correo entre en pánico, conteste el correo y de esa forma proporcione datos personales -como por ejemplo, el número de DNI, su dirección, cuentas bancarias, claves o números telefónicos- que el remitente nunca tuvo antes y que a partir de esa respuesta podría utilizar para realizar estafas.
El mensaje culmina con varias advertencias. Indica que, de no cumplir con el pedido de contestar el correo, se confirmarán «los cargos en su contra con Diego Luciani», y amenaza con una orden de arresto, la inscripción en un «registro nacional de delincuentes sexuales» y la remisión de lo datos a «asociaciones contra la pederastía y a los medios de comunicación para su publicación».
Si la víctima contesta el mensaje, luego recibirá una explicación -con información falsa- sobre el rumbo que tomará la investigación, salvo que se llegue a un “arreglo amistoso” por “no existir antecedentes penales en su caso”, que consiste en el pago de una multa de alrededor de 1,5 millón de pesos. El texto sigue con falsas citas legales y la amenaza de continuar con la investigación y de que se disponga una orden de detención contra la víctima.